La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) alertó sobre los riesgos de sustituir el bolívar por el dólar en Venezuela y sostuvo que una dolarización plena no resolvería por sí sola los desequilibrios fiscales ni daría flexibilidad ante futuras crisis.
En un comunicado sobre la propuesta de adoptar formalmente el dólar estadounidense, la institución evaluó los beneficios y costos de abandonar la moneda nacional. Reconoció que el esquema podría contribuir a contener la inflación, pero señaló que su aplicación exigiría condiciones macroeconómicas e institucionales que todavía deben construirse.
La ANCE atribuyó el deterioro monetario al colapso del modelo rentista petrolero, al financiamiento monetario de déficits fiscales y al deterioro institucional, factores que, según la academia, llevaron a una hiperinflación prolongada y debilitaron las funciones del bolívar como reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago.
La institución recordó que la dolarización de facto, consolidada desde 2018, «ha distorsionado y reconfigurado el funcionamiento de los mercados locales». También señaló que los agentes económicos empezaron a usar el dólar para realizar transacciones y preservar sus activos ante la pérdida de valor del bolívar.
Entre los beneficios potenciales de una dolarización plena, la ANCE mencionó la eliminación del riesgo cambiario, una mayor previsibilidad para las empresas, una posible reducción de las tasas de interés y una recuperación de la confianza en el sistema bancario. Pero advirtió que esos efectos positivos tendrían que sopesarse con la pérdida de herramientas de política económica.
Uno de los principales argumentos del comunicado es que un país dolarizado renuncia al uso del tipo de cambio nominal y de los agregados monetarios para amortiguar choques externos. La academia considera que esta limitación es especialmente relevante para Venezuela, cuya economía sigue expuesta a las fluctuaciones de los precios del petróleo.
La ANCE agregó que la dolarización plena podría dificultar la diversificación productiva al impedir ajustes cambiarios destinados a proteger la competitividad de los sectores nacionales. También advirtió que la política monetaria quedaría subordinada a las decisiones en materia de tasas de interés del Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), decisiones que pueden no coincidir con las necesidades de la economía venezolana.
Otro punto sensible es el sistema financiero. Sin un prestamista de última instancia, el BCV no podría inyectar liquidez de emergencia al sistema bancario. A eso se sumaría la pérdida de los ingresos fiscales derivados del señoreaje.
La academia dedicó especial atención a las cuentas públicas y advirtió que sustituir el bolívar no impide que el Estado mantenga desequilibrios fiscales o acumule deuda. «La dolarización no impide por si misma la aparición de déficits fiscales crónicos y del sobre-endeudamiento público interno y externo», afirmó.
En ese escenario, el déficit fiscal podría seguir golpeando a la economía incluso después de asumir los costos de abandonar la moneda nacional. La ANCE advirtió además que, ante choques desfavorables, los ajustes podrían producirse mediante contracción del producto, deflación de salarios o aumento del desempleo.
Antes de implementar una dolarización plena, la academia consideró indispensable contar con reservas internacionales líquidas suficientes para canjear la base monetaria a un tipo de cambio equilibrado. La falta de reservas, advirtió, podría obligar a una conversión a una tasa más alta y afectar el poder adquisitivo de salarios y pensiones.
El proceso también requeriría modificar o derogar el marco constitucional y legal que establece al bolívar como unidad monetaria, además de adecuar las funciones del BCV al nuevo régimen. En paralelo, la ANCE planteó un ajuste fiscal inmediato, porque el Estado ya no podría recurrir al financiamiento monetario para cubrir déficits.
Frente a las rigideces de la dolarización plena, la academia propuso estudiar un régimen multimoneda o bimonetario acompañado de un programa integral de reformas institucionales. La propuesta incluye saneamiento de las cuentas fiscales, rescate de la autonomía del BCV, prohibición del financiamiento monetario del déficit y una política cambiaria con una tasa única y flexible que preserve la competitividad de los sectores productivos.
La lectura económica es clara: el problema de fondo no es solo la moneda, sino el aparato fiscal y la disciplina institucional. Cambiar el signo monetario puede ordenar precios, pero no sustituye reglas, ni corrige por sí solo el exceso de gasto, ni repara una banca sin respaldo ni un Estado que depende de atajos monetarios.
Para el mercado, el mensaje es útil porque devuelve el debate al terreno de los incentivos y la solvencia. Sin ajuste fiscal, reservas y reglas creíbles, la capitalización vuelve a chocar contra la misma pared: un Estado que quiere estabilidad, pero sigue queriendo financiarse sin costo político. Capital busca reglas claras.
