El diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, denunció que Southern Energy recibió los beneficios del RIGI. La empresa integra en un 15% a Harbour Energy. Según Ferraro, Harbour Energy es la misma persona jurídica que Premier Oil PLC, con otro nombre desde 2021.
Premier Oil fue inhabilitada en 2013 por la Resolución 481 de la Secretaría de Energía. La sanción rige hasta 2028. El motivo fue operar en la plataforma continental cerca de Malvinas sin autorización argentina, en violación de la ley 26.659.
Southern Energy accedió al RIGI en mayo de 2025. Lo hizo mediante la resolución 559/2025 del Ministerio de Economía. El proyecto prevé una inversión de US$2825 millones en diez años para exportar gas natural licuado. La estructura societaria incluye también a Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%) y Golar LNG (10%).
El plan contempla dos buques de licuefacción con destino a Río Negro. El primero llegaría a principios de 2027. El segundo, en 2028. Con el primer buque, la firma podría operar 11,5 millones de metros cúbicos de gas por día. Con el segundo sumado, la cifra treparía a 16 millones.
Ferraro pidió explicaciones a los ministros Luis Caputo y Pablo Quirno. Su planteo fue directo: «Ningún acto administrativo puede pasar por encima de una inhabilitación vigente». LA NACION consultó a la Casa Rosada. No hubo respuesta.
El episodio se conoce días después de que Milei anunciara, en cadena nacional, sanciones a empresas extranjeras que operen en Malvinas. Navitas y Rockhopper, activas en el proyecto Sea Lion, dijeron que no frenarán sus tareas. SLB, Baker Hughes y Halliburton, con intereses en Vaca Muerta, sí adelantaron que se retirarán de la zona.
El RIGI nació para dar previsibilidad a la inversión de largo plazo. Ese es su activo frente al riesgo país. Una duda sobre inhabilitaciones societarias no invalida el régimen. Pero exige una respuesta rápida del Gobierno.
Capital busca reglas claras. Si una firma sancionada terminó dentro de un esquema de beneficios fiscales sin que el Estado lo aclare, el costo no es solo político. Es el mismo capital extranjero, atraído por el RIGI, el que necesita certeza jurídica antes de comprometer miles de millones en Vaca Muerta y en las nuevas plantas de licuefacción.
