Argentina tiene algunos de los mejores recursos renovables del planeta. La Patagonia alberga factores de capacidad eólica de clase mundial; el NOA ofrece radiación solar de primer nivel; el subsuelo guarda reservas estratégicas de litio. Y sin embargo, el capital no llega a escala.
Según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), la potencia instalada en energías renovables asciende hoy a 7.850 megavatios, equivalente al 17 % de la matriz eléctrica total. La proyección de demanda para 2030 exige incorporar aproximadamente 16.000 megavatios adicionales. La distancia entre ambas cifras define el tamaño del problema.
Martín Pagliaro, ingeniero especializado en el sector y director de Mercados Renovables SRL, pone el dedo en la llaga: «Existe una enorme diferencia entre tener un proyecto técnicamente viable y contar con un proyecto investment ready». La madurez operativa, financiera y legal que exige el financiamiento externo requiere contratos sólidos, trazabilidad regulatoria, garantías, análisis ESG y modelos financieros auditables. Esa arquitectura, señala, escasea entre las pymes argentinas.
El problema no es la tecnología ni el precio. Según datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), en 2025 el 90 % de los nuevos proyectos renovables en el mundo resultaron más baratos que sus alternativas con combustibles fósiles. Desde 2010, el costo nivelado de energía (LCOE) de los paneles fotovoltaicos cayó 89 % y el de los aerogeneradores terrestres, 71 %. El mercado global ya votó por las renovables; el problema argentino es otro.
Pagliaro lo resume con precisión: «Europa está buscando proyectos. El capital existe. Lo que falta, muchas veces, es la capacidad para traducir oportunidades en estructuras compatibles con los estándares internacionales de inversión». Plataformas como la Plataforma de Financiación para la Aceleración de la Transición Energética (ETAF) y la Plataforma de Inversión Climática (CIP) están activas, pero requieren contrapartes locales estructuradas.
En el plano regulatorio, el especialista advierte que no existen avances en la reglamentación del biogás o el biometano, y propone replicar el modelo de los biocombustibles líquidos: un corte obligatorio de biometano en los gasoductos. Alemania inyecta hasta el 10 % de biogás en sus ductos; Suecia y Finlandia van más lejos con biogás licuado intercambiable con GNL. Argentina, con infraestructura de gasoductos consolidada, podría recorrer ese camino si los legisladores emitieran las señales correctas.
Actualmente, más de 3.000 megavatios podrían generarse con proyectos listos para desarrollo en el corto plazo, según Pagliaro. El cuello de botella no está en la ingeniería sino en la arquitectura institucional.
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Desde Ágora Capital, el diagnóstico es claro: Argentina tiene el activo, pero le falta el marco. Cada mes de indefinición regulatoria es capital que migra a Chile, Brasil o Marruecos. El ajuste fiscal de la actual administración ha comprimido el riesgo país respecto a los peores momentos del ciclo anterior, y eso es condición necesaria. Pero no suficiente. La libre empresa necesita reglas predecibles, contratos ejecutables y señales legislativas que no cambien con cada ciclo político. Cuando el Estado deja de absorber el ahorro y deja de bloquear la señal de precios, la inversión encuentra el camino sola. El reloj corre: 2030 no es una fecha lejana.
