La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece un mandato único: preservar el valor del peso y velar por la estabilidad financiera. Con eso, quedan fuera los objetivos múltiples incorporados en 2012. Aquel año se sumaron la creación de empleo mediante la política crediticia, el fomento a la producción nacional y la búsqueda de un desarrollo económico equitativo.
La discusión no es nueva. Sus defensores sostienen que la inflación responde a factores estructurales: escasez de divisas, puja distributiva. Sin embargo, los países que lograron llevar la inflación a un dígito anual abandonaron ese enfoque hace tiempo. Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, México y Paraguay operan bajo metas de inflación. Todos utilizan la tasa de referencia como herramienta principal. Todos tratan la inflación como un fenómeno monetario y de demanda.
La evidencia empírica es contundente. Un estudio de Garriga y Rodríguez analiza datos de 176 países entre 1985 y 2023. Su conclusión: los mandatos duales elevan la inflación en un promedio de ocho puntos porcentuales. No generan mejoras significativas en el empleo a largo plazo. El costo es real; el beneficio prometido, ilusorio.
El proyecto también prohíbe el financiamiento directo al Tesoro. Las utilidades del BCRA se destinarán a reducir deuda. En un contexto de costo de endeudamiento elevado, la lógica es directa. El gasto social y los subsidios deben debatirse en el Congreso, con números visibles. De lo contrario, las transferencias de riqueza quedan camufladas en la contabilidad del banco. Los depositantes pagan; los tomadores de crédito cobran. Los exportadores subsidian a otros sectores sin que nadie lo vote.
La reforma exige mayorías calificadas en ambas cámaras para modificar el nuevo marco. Es una señal positiva. Pero una ley posterior sin ese requisito podría revertirlo. El blindaje legal tiene límites. La historia argentina lo ilustra: un mismo gobierno confiscó reservas del BCRA y estatizó los fondos de las AFJP con aval judicial. Solo retrocedió cuando intentó subir retenciones al agro. En ese caso el perjuicio era inmediato, visible y movilizaba a un sector organizado. El deterioro patrimonial del banco central opera en diferido; el ciudadano lo paga sin saberlo.
Ágora Capital lee el cuadro así. El mandato único no es ideología: es el estándar que adoptaron los bancos centrales que funcionan. El mandato múltiple fue, en la práctica argentina, una licencia para gastar sin pasar por el Congreso. Capital busca reglas claras. Un BCRA con un solo objetivo, sin acceso al Tesoro y con utilidades destinadas a reducir deuda, reduce el riesgo país estructural. El desafío no está en el texto legal. Está en que la sociedad valore la estabilidad lo suficiente como para defenderla cuando el próximo ciclo populista llegue a la puerta.
