Los números primero. En Nuevo León hay al menos 11 denuncias contra Préstamos Felices, conocida como Préstamo Feliz. El monto reclamado supera los 2 mil 500 millones de pesos, según documentación revisada por El Universal.
La sociedad tiene tres socios identificados: Sergio Elizondo, Fernando García Sada y Eduardo García Alanís. El caso ya no se resuelve solo en tribunales mexicanos.
El 13 de junio de 2025, el fondo CRC Liquid Strategies presentó una petición ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El fondo afirma haber prestado cuatro mil millones de pesos entre 2017 y 2019 a Préstamo Feliz y a su relacionada Vales de Felicidad.
Ese capital no es abstracto. Proviene de los ahorros para el retiro de bomberos y policías de distintas entidades de Estados Unidos. El esquema pagaba rendimientos a través de un fideicomiso entre CRC y Préstamo Feliz.
Desde diciembre de 2024, según la demanda, el dinero dejó de llegar al fideicomiso. Con eso se interrumpieron los pagos a los servidores públicos estadounidenses que dependían de ese flujo.
Los documentos presentados en Nueva York son directos. Acusan a Préstamo Feliz de apropiarse de 102 millones de dólares. La deuda total, con intereses moratorios incluidos, asciende a 282 millones de dólares.
El caso no termina ahí. Los socios de Happy Inc, donde opera BanFeliz, también tienen un adeudo con el grupo peruano APC. A ese grupo le habrían comprado el banco que operó en México como Banco Forjadores.
Pese a los adeudos y los reclamos judiciales, avanza la venta de BanFeliz a Grupo Klu. El comprador está encabezado por Alberto y Carlos Djemal, quienes según registros previos también acumulan cuestionamientos por manejo deficiente de recursos en el sistema financiero.
El mercado ya votó, y lo hizo con demandas. Cuando el capital de un fondo de pensiones extranjero termina atrapado en un fideicomiso mexicano sin pagos, la señal para cualquier inversionista es la misma: el riesgo país no se mide solo en tasas, se mide en la certeza de que los contratos se cumplan.
La venta de BanFeliz, mientras persisten los adeudos sin resolver, plantea una pregunta que trasciende el caso. Si los activos de una institución financiada con fraude presunto pueden transferirse a manos privadas sin que los acreedores originales cobren, el mensaje al capital -nacional y extranjero- es que la propiedad y el cumplimiento contractual dependen más de la velocidad de la operación que del estado de derecho. Eso encarece el crédito para todos los que sí cumplen.
