La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá pidió al presidente José Raúl Mulino que vete el Proyecto de Ley 226, que amplía los descuentos a jubilados, pensionados y adultos mayores. El gremio advierte sobre el impacto en las empresas y la sostenibilidad fiscal de la medida, según recoge un análisis de opinión publicado en La Prensa.
Los números primero. Según proyecciones del INEC para 2026, Panamá tendría 322,280 hombres de 60 años o más y 493,282 mujeres de 55 años o más: 815,562 personas, cerca del 18% de la población, dentro de los rangos que contempla la ley. Un ejercicio matemático —no una estimación oficial— sitúa el costo entre $489 millones anuales (con un descuento promedio de $50 mensuales por persona) y $734 millones (con $75 mensuales), si todo el universo potencial lo utilizara.
El problema, señala el análisis, no es solo la magnitud sino la falta de certeza: una política que puede alcanzar a más de 800,000 personas debería llegar acompañada de una estimación clara de cuánto cuesta y quién lo paga. Si los descuentos se reconocen mediante créditos fiscales, el costo se traslada al Estado; si no, lo asume directamente el comercio, la farmacia o el restaurante.
Hay una dimensión adicional que el debate suele pasar por alto: los retirados extranjeros. Se estima —también sin cifras oficiales consolidadas— que unos 50,000 viven en Panamá con un gasto promedio de $3,000 mensuales, lo que equivaldría a unos $1,800 millones anuales circulando en la economía local, provenientes de pensiones y ahorros generados fuera del país. Datos de Indesa Capital indican que en 2025 los extranjeros compraron aproximadamente $841 millones en residencias de más de $120,000, dentro de un sector construcción que, según CAPAC, representa el 10.4% del PIB y genera más de 206,000 empleos directos. La DGI recaudó B/.1,502 millones en ITBMS durante 2025.
El análisis propone un sistema digital vinculado a la cédula o al documento migratorio para registrar cada descuento, fijar límites por categoría de consumo y detectar duplicidades, incluso con apoyo de inteligencia artificial. La idea: medir el beneficio no para eliminarlo, sino para presupuestarlo y fiscalizarlo con datos reales en lugar de escenarios.
El mercado ya votó con los pies: los retirados extranjeros no llegan por una semana, se quedan diez, veinte o treinta años, traen capital propio y generan empleo en construcción, banca, seguros y servicios. Ese flujo de inversión externa es exactamente el tipo de capitalización que un país con dolarización y estabilidad jurídica no puede permitirse perder por diseñar políticas sociales sin costeo ni control.
El fondo del asunto excede el descuento a un jubilado en un restaurante. Se trata de si el Estado puede seguir trasladando el costo de sus decisiones sociales al sector privado sin rendir cuentas de cuánto cuesta esa factura ni de quién la termina pagando. Capital busca reglas claras, y una política pública sin estimación de gasto ni mecanismo de fiscalización es, precisamente, la ausencia de esas reglas. La pelota, ahora, está en el escritorio de Mulino.
