El mercado ya votó. Apenas días después de elevar la calificación soberana de Argentina de Caa1 a B3, Moody's Ratings extendió la mejora al sector privado: cinco empresas de infraestructura y energía pasaron de B2 a B1 con perspectiva estable.
Las beneficiadas son Transportadora de Gas del Sur (TGS), Aeropuertos Argentina 2000, Genneia, YPF Energía Eléctrica (YPF Luz) y Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza (Edemsa). MSU Green Energy conservó su nota en B2 con perspectiva estable.
La calificadora fundamentó la decisión en tres pilares: superávit fiscal sostenido, desaceleración de la inflación y continuidad de la liberalización económica. «La mejora del entorno macroeconómico y de mercado ha propiciado condiciones operativas más favorables para los emisores de infraestructura en el país», señaló Moody's en su comunicado. La agencia agregó, sin embargo, que «la solvencia de estas empresas de infraestructura no puede desvincularse completamente de la calidad crediticia del gobierno argentino».
Cada empresa tiene su historia crediticia propia. TGS suma a la mejora macro su rol estratégico en Vaca Muerta, bajo apalancamiento y liquidez sólida, aunque Moody's advirtió sobre la exposición a deuda en moneda extranjera y el marco regulatorio «en evolución». Aeropuertos Argentina 2000 apoya la nota en su concesión vigente hasta 2038, tarifas dolarizadas y crecimiento sostenido de pasajeros. Genneia, principal generadora renovable del país, exhibe contratos de largo plazo, pero la dependencia de Cammesa —que «depende de transferencias y subsidios gubernamentales»— permanece como factor de riesgo explícito. YPF Luz suma diversificación de activos, crecimiento en capacidad renovable y el respaldo del grupo YPF. Edemsa, por su parte, se apoya en su posición monopólica en Mendoza y en un esquema tarifario que permite recuperar costos e inversiones.
La mejora de Moody's se suma a las subas previas de Fitch Ratings y S&P Global Ratings sobre la deuda soberana, configurando un consenso inédito entre las tres grandes agencias en favor del perfil crediticio argentino.
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Lo que estos movimientos confirman es simple: cuando el Estado deja de gastar más de lo que recauda y afloja el nudo regulatorio, el capital privado recupera visibilidad. Las cinco empresas beneficiadas operan en infraestructura crítica —gas, aeropuertos, electricidad, renovables— sectores que durante años sufrieron tarifas represadas, subsidios distorsivos y riesgo regulatorio discrecional. El ajuste fiscal del gobierno de Milei no es solo un número contable; se traduce en menor riesgo país y, en cascada, en menor costo de financiamiento para las empresas que mueven la economía real.
El desafío que señala la propia Moody's es el que sigue pendiente: el «marco regulatorio en evolución» y la dependencia de Cammesa de transferencias estatales son recordatorios de que la normalización no está completa. Capital busca reglas claras, no solo superávit. Mientras esa agenda regulatoria avance, cada escalón crediticio ganado será más sólido que el anterior.
