Moody's recortó la calificación soberana de México de «Baa2» a «Baa3», el escalón más bajo dentro del grado de inversión. La decisión no fue una sorpresa total: en noviembre de 2024 la agencia ya había cambiado la perspectiva de «estable» a «negativa». Lo que sí tomó al mercado por sorpresa fue que S&P revisara simultáneamente su perspectiva a «negativa». Si esa degradación se materializa, la nota bajaría de «BBB» a «BBB-», que equivale al mismo piso que «Baa3» de Moody's.
Según el análisis del economista Gabriel Casillas publicado en El Financiero, ninguna de las agencias parece considerar la pérdida del grado de inversión como escenario base. Sin embargo, ambas han fijado umbrales de alerta: un cociente deuda-PIB superior a 60% o un crecimiento persistentemente inferior a 1.8-2.0% elevarían de forma importante el riesgo de una nueva baja.
Ingresos sin reforma, gasto sin espacio
El diagnóstico fiscal tiene dos flancos. Por el lado de los ingresos, Casillas señala la ausencia de voluntad política para una reforma estructural que amplíe la base de contribuyentes. La recaudación ha crecido poco más de tres puntos porcentuales del PIB en la última década, pero ese margen de eficiencia administrativa tendría cada vez menos espacio para seguir aportando recursos adicionales.
Por el lado del gasto, la flexibilidad presupuestal se ha reducido. Los pagos de intereses pesan más por la mayor proporción de deuda en pesos; las pensiones continúan presionando; Pemex sigue dependiendo del apoyo fiscal del gobierno con resultados operativos «muy pobres», según el análisis; y los programas sociales, elevados a rango constitucional, son prácticamente inajustables. Los recortes ya realizados en otras áreas dejan poco espacio adicional.
En ese marco, el déficit público cerraría 2026 cerca de 4.3% del PIB en su métrica amplia —que incorpora Pemex y CFE— y la deuda pública rondaría 54.5% del PIB, ligeramente por encima de las metas del gobierno. El conflicto con Irán ha encarecido combustibles y, aunque los ingresos petroleros adicionales compensan parte del costo de los estímulos a la gasolina, el alivio es parcial.
El plan de infraestructura: anuncio sin cartera
El Plan de Infraestructura de la presidenta Sheinbaum contempla 6.3 billones de pesos y más de 1,500 proyectos en cinco años. Casillas lo califica como «un cambio relevante de énfasis» tras un sexenio en que el crecimiento no ocupó el centro de la conversación pública. El problema es la ejecución: a la fecha no se ha publicado una lista detallada de proyectos, ni un calendario claro, ni los mecanismos específicos de financiamiento.
Además, el análisis advierte que la reforma judicial no mejora el estado de derecho en México —históricamente en niveles muy bajos— y que poner en cuestión el andamiaje legal del T-MEC no genera la confianza necesaria para detonar inversión local ni extranjera.
La lectura de Ágora Capital
Los números cuentan la historia antes que los comunicados oficiales. México conserva el grado de inversión, pero lo hace desde el último peldaño, con un gasto rígido, una reforma fiscal políticamente bloqueada y una empresa petrolera que consume recursos sin generar retorno. El capital busca reglas claras: sin calendario de ejecución, sin mecanismos de financiamiento transparentes y con un estado de derecho deteriorado, el plan de infraestructura corre el riesgo de quedarse en anuncio.
La ventana para demostrar disciplina fiscal y atraer inversión privada es estrecha. Si el gobierno cruza los umbrales que las calificadoras han fijado, el costo para el contribuyente mexicano —vía tasas más altas y menor acceso al crédito externo— será concreto e inmediato.
