Los precios del petróleo volvieron a repuntar después de que, según la fuente, Trump rompió con el acuerdo de alto al fuego que tenía con Irán. Para la mayoría de las petroleras, eso es oxígeno. Para Pemex, es indiferente.
Moody's Ratings lo explica con precisión quirúrgica: el aumento en los precios del crudo «apenas representa un beneficio crediticio» para la empresa, porque los mayores ingresos potenciales quedan neutralizados antes de llegar al balance. El mecanismo es conocido, pero la calificadora lo cuantifica: estímulos fiscales y subsidios vigentes equivalen a aproximadamente 4.6 pesos por litro en diésel y 3.3 pesos por litro en gasolina. Ese costo lo absorbe Pemex, no el consumidor, no el fisco.
A eso se suma el Derecho Petrolero para el Bienestar, un gravamen cercano al 30% del valor de mercado de los hidrocarburos extraídos que la empresa paga al Gobierno federal. Los combustibles refinados, por su parte, deben venderse a precios fijados por el Estado. El resultado es una asimetría estructural: cuando el crudo sube, el costo de producción sube; los ingresos, no.
La estrategia de «soberanía energética» —procesar más crudo en el Sistema Nacional de Refinación y reducir exportaciones— profundiza el problema. Según Moody's, las exportaciones de Pemex disminuyeron 28% durante 2025, hasta ubicarse en torno a 581 mil barriles diarios, incrementando la dependencia de un negocio de refinación con márgenes más reducidos y costos operativos más elevados.
El cuadro comparativo que elaboró la calificadora es revelador. Pemex comparte con Petroperú el dudoso honor de combinar riesgo crediticio alto, alta exposición al downstream y alta intensidad de intervención de políticas públicas. En el extremo opuesto, Petrobras mantiene riesgo crediticio bajo, mayor fortaleza financiera y menor dependencia de la refinación: la mejor evaluación de la región.
Moody's reconoce que en toda América Latina los gobiernos han recurrido a subsidios y controles de precios para contener el impacto del encarecimiento del petróleo. Sin embargo, advierte que estas políticas trasladan la volatilidad de los precios internacionales a los balances de las petroleras estatales, debilitando la previsibilidad de sus flujos de efectivo. Pemex, señala la agencia, enfrenta una situación «particularmente compleja» porque combina esa alta intervención con una estructura financiera más débil que la de sus pares regionales.
La conclusión de Moody's no deja margen de interpretación: Pemex generará flujo de efectivo libre negativo al menos hasta 2028 y continuará requiriendo apoyo significativo del Gobierno federal para atender sus necesidades de refinanciamiento.
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Desde la perspectiva de Ágora Capital, el caso Pemex ilustra un principio que el mercado confirma cada ciclo: cuando el Estado captura las ganancias en los momentos buenos y socializa las pérdidas en los malos, la empresa queda atrapada en un equilibrio de deterioro permanente. No es mala suerte ni precio del petróleo; es diseño. El contribuyente mexicano financia el subsidio en la bomba de gasolina y, simultáneamente, garantizará el rescate de la deuda cuando los vencimientos lleguen. Capital busca reglas claras, y Pemex lleva años demostrando que en México esas reglas las dicta la política, no el mercado.
