Alberto Espinosa Desigaud asumió la presidencia del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, ICC México, en un momento que el propio organismo describe sin adornos: menor dinamismo económico, incertidumbre regulatoria y un nearshoring que, a pesar de las ventajas geográficas del país, no termina de traducirse en la inversión que México necesita.
Espinosa no es un recién llegado al tema. Su relación con ICC México arrancó en 2012, con pasos por el Consejo Directivo, la Comisión Ejecutiva y la vicepresidencia, además de su trayectoria en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). En su mensaje de toma de posesión puso el dedo en la herida: la pérdida de certidumbre.
El diagnóstico es simple y contundente. México tiene una ventaja que pocos países poseen —la integración con Estados Unidos y Canadá—, pero ninguna empresa instala una planta solo por la cercanía geográfica. Necesita energía disponible, infraestructura, seguridad, talento, proveedores, conectividad y, sobre todo, certeza jurídica.
Desde ICC México, la agenda de Espinosa apunta a incorporar más empresas nacionales a las cadenas globales de valor, pero condicionada a que el Estado de derecho deje de ser un pendiente crónico. Protección de las inversiones, combate a la corrupción y a la impunidad no son, según el planteamiento del organismo, demandas políticas sino variables que se traducen directamente en costos y riesgo de cualquier proyecto. Por eso la propuesta incluye fortalecer el arbitraje y los mecanismos de solución de controversias, aunque lo deseable sería no llegar nunca a ese punto.
Los números primero. Mientras el discurso empresarial pide reglas claras, Veracruz exhibe una fotografía concreta: 4 mil 270 millones de dólares en inversiones activas y otros 11 mil 485 millones de dólares repartidos en 35 proyectos que, de aterrizar, generarían 241 mil empleos. El dato lo presentó la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del estado, junto con el anuncio de un comité permanente para agilizar permisos e infraestructura.
La apuesta tiene también respaldo federal: la presidenta Claudia Sheinbaum comprometió 190 mil millones de pesos hacia 2030 para Veracruz, destinados a la petroquímica, obras carreteras, hidráulicas y de salud. La gobernadora Rocío Nahle llega con un mapa que combina puerto, energía, industria, agricultura y el Corredor Interoceánico, además de municipios con finanzas sanas.
El reto, como plantea la nota original, es hacer coincidir esos flujos: que la inversión pública destrabe condiciones para que llegue la privada, y que los nuevos proyectos amplíen la actividad económica de la entidad.
El mercado ya votó sobre lo que realmente pesa en una decisión de inversión: no es la promoción ni el discurso, es la certeza jurídica. Los cien mil millones en dinero público comprometido para Veracruz pueden ser el empujón inicial, pero sin Estado de derecho, arbitraje confiable y reglas estables, ese capital corre el riesgo de quedarse en anuncio. Capital busca reglas claras, y el diagnóstico del propio sector privado —no el de sus críticos— es el que hoy marca la agenda pendiente del país.
