La Secretaría de Energía publicó el mes pasado dos disposiciones que alteran la ecuación económica de los contratos de suministro bajo esquemas legados de autoabastecimiento y cogeneración. La primera establece el procedimiento para migrar voluntariamente a las figuras de la nueva Ley del Sector Eléctrico; la segunda sustituye la metodología de transmisión para quienes decidan quedarse en el régimen anterior.
El mecanismo que cambia es el llamado porteo estampilla. Bajo ese esquema, el cargo de transmisión dependía del nivel de tensión y no de la distancia entre la central generadora y el punto de consumo: el costo era idéntico aunque ambos extremos estuvieran en puntos opuestos del sistema eléctrico. La nueva metodología busca aproximar esos cargos al costo real de transmisión, distribución, operación del CENACE y servicios conexos, tal como están estipulados en el Mercado Eléctrico Mayorista.
Dos fechas que no admiten demora
El reloj ya corre. El 18 de septiembre de 2026 vence el plazo para registrar la manifestación de interés en migrar. Quienes lo hagan podrán conservar temporalmente el esquema anterior durante el procedimiento, sin extenderlo más allá del 6 de octubre de 2028. Quienes no lo hagan quedarán sujetos a la nueva metodología a partir del 19 de octubre de 2026.
Según el análisis publicado en El Financiero, «para una regulación que promete un proceso de casi dos años, el tiempo disponible para tomar la decisión inicial es sorprendentemente corto».
Las rutas disponibles y su complejidad
La regulación contempla varias alternativas: migración al Mercado Eléctrico Mayorista, registro como Usuario Calificado, incorporación al Suministro Básico de CFE, o esquemas de autoconsumo aislado o interconectado. La variedad reconoce que no todos los consumidores tienen las mismas necesidades, pero impide que exista una respuesta universal.
Cada empresa deberá construir su propio escenario financiero: estimar el costo de permanecer bajo el permiso legado frente al costo de migrar, considerando energía, potencia, certificados de energías limpias, servicios conexos, garantías, medición e inversiones técnicas. También deberán revisarse cláusulas de cambio en ley, traslado de costos, terminación anticipada y renovación.
El incremento de costo podrá ser absorbido por el generador o trasladarse al consumidor, dependiendo de lo pactado en el contrato original y de lo que se negocie en la transición.
Lectura de Ágora Capital
El aparato regulatorio mexicano vuelve a demostrar que la «voluntariedad» es un concepto elástico cuando el Estado controla los cargos de red. Cambiar la metodología de transmisión para encarecer la permanencia en el régimen anterior no es una invitación: es una presión económica con fecha de vencimiento. Las empresas que durante años construyeron ventajas competitivas sobre contratos de autoabastecimiento enfrentan ahora una disyuntiva fabricada desde la burocracia, no desde el mercado.
La libre empresa requiere reglas estables y previsibles. Cuando el Estado modifica las condiciones de transmisión con plazos de análisis de semanas para decisiones que afectan estructuras contractuales de años, el mensaje es inequívoco: la certeza jurídica cede ante la agenda de control sectorial. El costo de esa incertidumbre no lo paga la Secretaría de Energía; lo pagan los consumidores industriales y, en última instancia, la competitividad del país.
