Los pagos digitales en Colombia están reescribiendo las reglas del comercio electrónico. Según el Global Payments Report 2026 elaborado por Worldpay, las transferencias Account-to-Account (A2A) —movimientos directos entre cuentas bancarias sin redes de tarjetas ni intermediarios— alcanzarán el 41% del valor total de las transacciones online del país para 2030, convirtiéndose en el método predominante del canal digital.
El avance no es anecdótico. Las billeteras digitales ya representan el 29% del valor del comercio electrónico, según el mismo informe. Nequi y Daviplata lideran esa franja, mientras que plataformas como Bre-B —diseñada para transferencias en tiempo real e interoperabilidad entre bancos y billeteras— y el sistema PSE consolidan la infraestructura que hace posible la escala.
Juan Pablo D'Antiochia, gerente general del negocio Enterprise de Global Payments para América Latina, lo sintetizó así: «Lo que estamos viendo en Colombia no es simplemente la aparición de un nuevo método de pago. Es una transformación en la manera como las personas interactúan con el dinero. Hoy un consumidor puede pagar desde la aplicación de su banco, desde una billetera digital o escaneando un código QR, sin depender necesariamente de una tarjeta física».
El escenario presencial, sin embargo, sigue siendo territorio de las tarjetas: representan el 47% del valor de las transacciones en puntos de venta, según el reporte de Worldpay. La coexistencia de métodos refleja una segmentación clara: el canal físico conserva sus hábitos; el canal digital acelera hacia la desintermediación.
La clave estructural detrás del crecimiento A2A es la reducción de fricción y costo. Al eliminar las redes de tarjetas del flujo transaccional, los comercios recortan comisiones y los consumidores ganan inmediatez. La expansión de los códigos QR refuerza esa lógica: bajo costo de implementación, alta penetración en smartphones y adopción creciente en segmentos que históricamente operaban en efectivo.
D'Antiochia añadió que «el futuro de los pagos no dependerá de un único método, sino de la capacidad del ecosistema para ofrecer alternativas que respondan a las necesidades» de cada usuario y comercio.
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Desde Ágora Capital, la lectura es clara: cuando la infraestructura privada reduce costos de transacción y amplía el acceso sin necesidad de mandato regulatorio, el mercado responde solo. Colombia ofrece aquí un caso de manual —competencia entre plataformas, interoperabilidad creciente y adopción orgánica— que contrasta con modelos donde el Estado intenta diseñar el ecosistema desde arriba.
El riesgo, naturalmente, existe: una regulación excesiva sobre comisiones, datos o interoperabilidad obligatoria podría desincentivar la inversión privada que sostiene esta infraestructura. Capital busca reglas claras, no reglas cambiantes. El ecosistema colombiano de pagos digitales crece precisamente porque, hasta ahora, el marco ha permitido que la innovación compita.
