Los números primero. La presión tributaria efectiva de Argentina bajó de 22,6% del PBI en 2023 a 21,5% en 2025, y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) proyecta que llegará a 20,8% en 2026. Ese nivel sería el más bajo desde 2006, según el vademécum anual elaborado por el organismo con sede en Córdoba.
El descenso se explica principalmente por los impuestos al comercio exterior. La eliminación del impuesto PAIS —que generaba una brecha cambiaria de 30%— y las reducciones parciales o temporarias en derechos de exportación e importación comprimieron la incidencia de esos gravámenes de 2,29% del PBI en 2023 a un estimado de 1,34% en 2026, según cálculos de Nadin Argañaraz, presidente del Iaraf. En 2025 también fueron derogados cinco impuestos internos de jurisdicción nacional: a la compra de automotores, embarcaciones de recreo, seguros, objetos suntuarios y servicios de telefonía.
El contraste con el pico histórico es elocuente: en 2015, último año de mandato de Cristina Kirchner, la presión tributaria alcanzó 26,1% del PBI. En 1993 era de 17,9%. La curva ascendente de esas dos décadas fue, según el análisis del Iaraf, producto del crecimiento del gasto público burocrático en casi todas las jurisdicciones.
Sin embargo, el camino hacia una reforma estructural es largo. Osvaldo Giordano, presidente del Instituto de Estudios de la Fundación Mediterránea (Ieral), estima que eliminar los impuestos más distorsivos sin comprometer el equilibrio fiscal llevará más de una década. Su cálculo es preciso: aun con un crecimiento real sostenido de 3,3% anual —que Argentina nunca logró en su historia reciente—, la Nación necesitaría 11 años para eliminar las retenciones y el impuesto al cheque. En las principales provincias, el plazo para remover Ingresos Brutos y Sellos oscilaría entre 14 y casi 20 años.
Hoy rigen en Argentina 150 impuestos y tasas: 27 nacionales, 40 provinciales y 83 municipales. El 94% de la recaudación consolidada se concentra en una docena de tributos, pero la arquitectura del sistema sigue siendo un laberinto para la libre empresa.
Giordano califica de «aberración» que el contribuyente deba pagar IVA, Ingresos Brutos y tasa municipal por un mismo hecho imponible. Su propuesta: avanzar hacia un esquema tipo «Súper IVA» que recaude lo mismo con un instrumento más neutral, transparente y de menor costo administrativo. Bajo esa lógica, sostiene, podrían eliminarse los derechos de exportación sin pérdida de ingresos si se mejorara la recaudación de Ganancias y Bienes Personales.
La austeridad fiscal, concluye Giordano, es indispensable pero insuficiente. El margen para nuevas reducciones significativas del gasto es limitado, dado que componentes como el previsional seguirán presionando las cuentas públicas. «A la austeridad hay que sumarle audacia y creatividad en la reforma tributaria», afirma.
Desde Ágora Capital, la lectura es clara: la reducción de la presión tributaria es una señal real de que el ajuste produce dividendos para el sector productivo. Capital busca reglas claras, y cada punto del PBI que el Estado deja de absorber es espacio que la inversión privada puede ocupar. El desafío es que la reforma no se diluya en plazos de dos décadas: un sistema con 150 tributos y triple imposición sobre las ventas no es un marco que atraiga inversión de largo plazo. La velocidad de la reforma tributaria será, en buena medida, el termómetro de la seriedad del proyecto de transformación económica.
