Los números primero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Édgar Amador, respondió por segunda vez en el año a The Economist, esta vez por el artículo «Mexico is struggling to win over bond markets». La dependencia publicó un comunicado en inglés de tres páginas en su cuenta de X para rebatir, punto por punto, el diagnóstico de la revista británica.
El trasfondo no es menor. Moody's rebajó la deuda soberana mexicana a un nivel apenas superior al grado especulativo, S&P Global advirtió que podría seguir el mismo camino y Fitch ya califica los bonos del país apenas dentro del grado de inversión. Según The Economist, el rendimiento de los bonos mexicanos a diez años en dólares alcanza 6.4%, una cifra superior a la de naciones con calificación de «bono basura» como Guatemala. En pesos, el gobierno paga 9.3% a diez años, frente al mínimo de dos años de 8.5% registrado en octubre pasado.
Hacienda contraataca con el panorama completo: ocho agencias —Moody's, S&P, Fitch, Morningstar DBRS, Kroll, Japan Credit Rating, Rating & Investment Information y HR Ratings— mantienen a México en grado de inversión, y siete de ellas conservan perspectiva estable; solo S&P la tiene en negativa. La dependencia argumenta que citar rendimientos absolutos «de forma aislada» es un indicador incompleto, dado que las tasas subieron a nivel global.
Sobre el déficit fiscal, la SHCP sostiene que The Economist usó datos de 2024 sin incorporar la caída a 4.3% del PIB al cierre de 2025, una reducción de 1.5 puntos porcentuales en un año que califica como uno de los mayores esfuerzos de consolidación en décadas. La meta para 2026 es bajar al 4.1% del PIB.
En comercio exterior, Hacienda afirma que las exportaciones totales de bienes alcanzan máximos históricos, con ventas a Estados Unidos que representan el 83% del total en 2026, lo opuesto al retroceso que describe la revista. Sobre inversión, acusa que el artículo solo considera una caída de 19 meses sin incluir los tres meses posteriores a marzo, periodo en el que —según la dependencia— la inversión fija bruta ha crecido. Finalmente, niega haber elevado ingresos «exprimiendo» a las grandes empresas: no hubo nuevas tasas ni gravámenes, solo aplicación de la ley vigente, respondió.
El mercado ya votó, y lo hizo antes del comunicado. Que el Tesoro mexicano deba ofrecer 9.3% en pesos y 6.4% en dólares —por encima de emisores con peor nota crediticia— es la prima de riesgo país que el capital exige hoy, no la que Hacienda quisiera describir en un hilo de X. Los boletines de prensa no sustituyen al diferencial que fija cada subasta de bonos.
La consolidación fiscal que reivindica la dependencia es un dato real y merece reconocerse; pero conviven con ella dos calificadoras que se movieron a la baja o en alerta, y un costo de financiamiento que sigue caro para un país con siete perspectivas estables. Capital busca reglas claras, no comunicados defensivos: la brecha entre el discurso oficial y lo que paga el Tesoro por cada peso prestado es la que finalmente determina si el nearshoring y la inversión privada encuentran, o no, el camino hacia México.
