El precio promedio nacional de la gasolina magna se ubicó en 23.978 pesos por litro este domingo, según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). La cifra es relevante porque a inicios de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron un acuerdo para que la magna no rebase los 24 pesos por litro.
Los otros combustibles ya superan ese umbral. La gasolina premium promedió 29.314 pesos por litro, mientras que el diésel se vendió en un promedio de 27.147 pesos por litro. Ambos precios quedan fuera del perímetro del acuerdo, que aplica exclusivamente a la magna.
Detrás de estas cifras opera la CNE, organismo que entró en funciones en marzo de 2025 tras la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). La CNE asumió como único regulador del sector energético con la misión de garantizar, según el Gobierno de México, «la soberanía, seguridad y autosuficiencia» del sector, coordinada con la Secretaría de Energía (Sener). Entre sus atribuciones figuran otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina, así como mantener un registro público actualizado de esas actividades.
El precio final que paga el consumidor en la bomba resulta de la combinación de costos de producción, distribución, logística, impuestos y la cotización de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Esa cadena explica por qué la frase popular «si sube la gasolina, sube todo» tiene sustento económico: los combustibles inciden directamente en la inflación y en el costo de prácticamente cualquier bien que requiera transporte.
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El acuerdo de precio máximo para la magna es, en el mejor escenario, una señal de intención. Con la magna promediando 23.978 pesos, el margen entre el mercado y el techo acordado es de apenas dos centavos: cualquier ajuste en el precio internacional del crudo o en el tipo de cambio puede romper ese límite sin que el aparato regulador tenga herramientas de mercado para contenerlo.
La eliminación de la CRE y su reemplazo por la CNE —un organismo cuya misión explícita incluye la «soberanía energética»— concentra más poder discrecional en el Ejecutivo y aleja al sector de la certeza regulatoria que el capital privado requiere para invertir en infraestructura de distribución y logística. Cuando el Estado fija precios por decreto en lugar de corregir distorsiones fiscales, el resultado habitual es desabasto, deterioro de la red o subsidios cruzados que paga el contribuyente. El mercado, como siempre, lleva la cuenta.
