Los números hablan primero. Según un estudio de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (Asipi), el comercio ilegal ronda el 5% del PBI en países como la Argentina y Brasil, y alcanza hasta el 8% en mercados como México.
Un informe reservado de la consultora MAP, al que tuvo acceso LA NACION, estima que el Estado argentino dejará de percibir unos US$2.300 millones en ingresos fiscales en 2025 por contrabando en sectores como cerveza, tabaco, textiles y celulares. Para dimensionarlo: esa cifra equivale, según el mismo documento, a la construcción de 3.800 escuelas o 80 hospitales de alta complejidad.
Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), ubicó el fenómeno en una lógica de larga data —contrabando, fraude marcario, comercio informal, evasión—, pero señaló una novedad: la aceleración que le dieron el comercio electrónico y las fronteras porosas.
José Velis, director general de Aduanas, advirtió que la transformación digital, la expansión del e-commerce, la dark web y el uso de criptomonedas crearon nuevas vías para el tráfico ilegal, permitiendo a los operadores actuar con mayor anonimato y escala. Desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño reconoció la limitación estructural: el Estado no cubre los 9.300 kilómetros de frontera ni los más de 250.000 comercios de cercanía del país.
El sector de electrónica concentra parte del daño. Eugenia Mayans, gerente de Relaciones Gubernamentales en Lenovo, advirtió que hoy uno de cada tres equipos que se conectan en la Argentina proviene del contrabando, unas 3 millones de unidades anuales. La industria estima el ingreso de 130 contenedores al año con mercadería original pero sin homologación de Enacom.
En tabaco, Juan José Benítez, gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris, señaló que la Argentina registra un 11% de mercado ilegal, por debajo de la media latinoamericana de tres de cada diez cigarrillos. Pero advirtió sobre el riesgo de escalar: Chile pasó del 17% al 60% de mercado ilegal tras aumentos impositivos. Benítez planteó la reducción de impuestos como medida principal, argumentando que la Argentina tiene una carga del 80% sobre el cigarrillo frente al 14% de Paraguay, distorsión que alimenta un flujo desde ese país con capacidad para producir 70.000 millones de cigarrillos al año contra un consumo interno de 1.400 millones.
En indumentaria, Francisco Morello, director de Legal & Compliance de Adidas, corrió el eje: el problema no es solo el contrabando de productos terminados, sino los talleres clandestinos. La venta callejera en la ciudad subió 6,5% en el último año, según datos de la CAME que citó Morello, con puestos convertidos en «showrooms» de falsificaciones.
Matías Noetinger identificó un riesgo más silencioso: la normalización social de comprar productos apócrifos, cada vez más aceptada por consumidores conscientes de ello debido a la brecha de precios. Agregó que plataformas como TikTok, Instagram y WhatsApp actúan como catálogos donde la barrera de entrada para el vendedor es casi nula.
El diagnóstico es contundente: el comercio ilegal no es una distorsión menor, es una estructura paralela que erosiona la recaudación, destruye empleo formal y premia a quienes evaden las reglas. La carga tributaria desproporcionada en sectores como tabaco y electrónica crea el diferencial de precios que hace rentable el riesgo de contrabandear. Mientras el aparato estatal no pueda cubrir 9.300 kilómetros de frontera ni modernizar su aduana, la libre empresa formal seguirá compitiendo en desventaja contra redes que no pagan impuestos, no generan empleo registrado y financian, según la propia industria, al crimen organizado. Capital busca reglas claras; el contrabando es la prueba de que las reglas actuales no cierran.
