La Dian informó que, en apenas un mes, realizó operativos aduaneros en los que aprehendió mercancías valoradas en más de $30.000 millones. Andrés Felipe Velásquez Reyes dijo que se trata del periodo con mayores incautaciones y aprehensiones en lo que va del año.
Entre las diligencias mencionadas también aparecen drones que, según las autoridades, han sido utilizados por organizaciones criminales para atacar a la fuerza pública. La entidad añadió que prepara un grupo élite dentro de la Policía Fiscal y Aduanera, la POLFA, para enfrentar las redes dedicadas al contrabando.
El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo que su administración atacará cuatro «cánceres terribles»: corrupción, narcotráfico, contrabando y minería ilegal. «Los voy a combatir de frente y con total determinación, caiga quien caiga», afirmó. También dijo que ya empezaron las labores para hacer frente a esas problemáticas.
En paralelo, el Gobierno anunció restricciones sobre el ingreso de maquinaria amarilla y de las partes con las cuales pueda fabricarse. Velásquez explicó que, mediante acto administrativo, se restringirán los lugares de ingreso de esa maquinaria y sus componentes, y que solo podrá importarse por Cartagena y Bogotá.
La medida también incluye restricciones para la importación de partes de drones y de precursores químicos. De la Espriella resumió la decisión con una frase: «Se acabó la vagabundería. Estamos decididos a atacar ese flagelo».
La ofensiva también tocará a las seccionales de la Dian ubicadas en puertos y ciudades limítrofes, que serán manejadas por miembros activos de la fuerza pública, incluidos oficiales de rangos superiores. Según la entidad, el objetivo es crear equipos especializados para combatir el contrabando y la evasión en puntos estratégicos del comercio exterior.
De la Espriella aseguró además que el contrabando representa pérdidas cercanas a $120 billones anuales para el Estado colombiano. Ese dato vuelve a poner sobre la mesa el costo del desorden aduanero para el dinero de los contribuyentes y para la competencia leal.
En el frente internacional, Velásquez dijo que la Dian ha fortalecido la cooperación con Estados Unidos, la embajada de ese país, CBP y HCI. También anunció un programa de fiscalización para identificar a los contribuyentes residentes fiscales en Colombia que tengan criptoactivos en el exterior y deban declararlos.
La lectura de fondo es simple: cuando el Estado cierra las puertas al contrabando y al uso criminal de puertos, maquinaria y químicos, mejora el terreno para la libre empresa y para la inversión formal. El mercado necesita reglas claras, no redes paralelas que castigan a quien cumple.
Si la estrategia se sostiene, el beneficio potencial es doble: más recaudo y menos espacio para las mafias que erosionan la propiedad privada y la seguridad. El desafío, como siempre, será que el aparato estatal no afloje justo cuando empieza a recuperar autoridad.
