La deuda pública neta de México cerró el primer semestre de 2026 en 51% del PIB, frente a 50.4% al término del primer trimestre y 49.5% en el mismo periodo de 2025, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) este jueves 30 de julio.
En términos absolutos, el saldo neto totalizó 19.59 billones de pesos, lo que representa un incremento real de 11.7% respecto a los 17.8 billones reportados en julio de 2025. El propio reporte de Hacienda reconoce que el nivel supera en 1.6 puntos porcentuales lo previsto para el periodo.
Édgar Amador, secretario de Hacienda, defendió la posición fiscal como «sólida» y «sostenible», y subrayó que el costo financiero de la deuda disminuyó 4.8% real anual en el semestre, resultado que atribuyó a la estrategia de manejo de activos. También señaló que el nivel de endeudamiento se ubica por debajo del promedio de las economías de América Latina.
Por el lado de los ingresos, los presupuestarios totales ascendieron a más de 4.27 billones de pesos, con un alza interanual de apenas 0.1%. La recaudación tributaria creció 0.4%, los ingresos petroleros subieron 2.1% y los no petroleros retrocedieron 0.1%. El gasto neto presupuestario, en tanto, se elevó 2.1% frente al primer semestre de 2025, hasta 4.85 billones de pesos.
Las cifras se publican el mismo día en que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) divulgó la estimación oportuna del PIB: un avance de 1.5% en el segundo trimestre de 2026.
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Los números cuentan una historia que el discurso oficial no alcanza a cubrir del todo. Una deuda que crece 11.7% real en doce meses, en una economía que expande 1.5%, implica que el aparato estatal se endeuda a un ritmo siete veces superior al de la producción. Que el nivel esté «por debajo del promedio latinoamericano» es un consuelo de baja exigencia: la región no es precisamente el estándar de disciplina fiscal que los mercados de capitales premian.
El capital busca reglas claras y balances predecibles. Con el gasto neto superando en más de medio billón de pesos a los ingresos presupuestarios del semestre, y con una deuda que ya rebasó el umbral del 51% del PIB antes de que concluya el año, la presión sobre el riesgo país y el costo de financiamiento futuro no desaparece por decreto. La libre empresa mexicana, que financia con impuestos y tasas de mercado este crecimiento del pasivo soberano, tiene razones concretas para exigir más que retórica sobre «posiciones sólidas».
