El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reglamentó esta semana la ley que crea el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, sancionada por la Legislatura porteña el 18 de junio pasado. La norma establece una tasa fija máxima del 35% nominal anual (TNA) y un plazo mínimo de devolución de 24 meses para refinanciar préstamos personales y tarjetas de crédito que se encuentren en mora.
El vehículo principal del programa es el Banco Ciudad, entidad pública porteña que liderará la implementación. El resto del sistema financiero podrá adherir voluntariamente hasta el 31 de julio, con las mismas condiciones. A cambio, los bancos que se sumen recibirán una reducción del 50% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre los intereses percibidos bajo el esquema.
Los solicitantes tienen plazo hasta el 30 de septiembre para presentarse, siempre que acrediten residencia en CABA y situación de mora. El programa excluye deudas con billeteras virtuales o fintech, préstamos prendarios e hipotecarios, y obligaciones vinculadas a actividades comerciales o empresariales. Los beneficiarios también deberán informar cualquier modificación sustancial en los ingresos del grupo familiar durante la vigencia del crédito.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, describió la medida como «un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día», y destacó que fue elaborada en conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura «para convertirla en una ley financieramente viable».
Sin embargo, la respuesta del sector privado es fría. Fuentes de distintas entidades bancarias coincidieron en que la mayoría no planea adherir al plan. Los bancos públicos —Nación, Provincia y el propio Ciudad— ya cuentan con líneas propias de refinanciación de deudas de consumo. Los privados, en tanto, prefieren gestionar la mora caso por caso, contactando individualmente a clientes en situación irregular para ofrecer reestructuraciones a medida. El argumento: una línea masiva puede beneficiar a deudores que no la necesitan, diluyendo el incentivo a cumplir.
Fuentes del sector no descartan que algún banco privado termine adhiriendo, ya sea por el respaldo institucional que da una ley o porque las condiciones del programa son «bastante similares» a las que los propios bancos ofrecen por su cuenta.
---
El programa tiene una lógica comprensible: cuando el sobreendeudamiento de los hogares se acumula, la morosidad sube, el crédito se encarece para todos y el consumo se contrae. Ordenar ese pasivo con reglas claras y tasas predecibles es, en principio, mejor que dejar que la deuda se pudra en los balances.
Pero el detalle importa. El incentivo fiscal —50% de reducción en Ingresos Brutos— no fue suficiente para mover a la banca privada, que prefiere sus propios canales. Eso dice algo: cuando el mercado ya tiene soluciones propias, el aparato estatal llega tarde y con menos eficiencia. El Banco Ciudad cumplirá su rol institucional; el crédito privado seguirá su lógica. Capital busca reglas claras, no ventanillas.
