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Bogotá, cerca de un apagón, presiona al Gobierno por $1,2 billones y obras de transmisión

Miguel Gómez y Carlos Fernando Galán advirtieron sobre el riesgo en la capital, mientras el Ejecutivo prepara un proyecto de ley de urgencia para conseguir $1,2 billones. El problema no sería falta de generación inmediata, sino la capacidad de las redes para llevar la energía.
Imagen generada con IA
domingo 13 de septiembre de 2026

Bogotá enfrenta un riesgo de insuficiencia en el suministro de energía que podría agravarse durante el fenómeno de El Niño. La advertencia no apunta a una falta inmediata de generación, sino a la capacidad de las redes para transportar la energía que necesita la región central cuando aumenta el consumo.

El alcalde Carlos Fernando Galán ya había dicho que el problema está relacionado principalmente con las obras de transmisión que siguen pendientes. Según explicó a CityTv, el sistema no cuenta actualmente con capacidad suficiente para atender el crecimiento de la demanda en la región central.

«Hoy no tenemos la capacidad de abastecer la región central para cumplir la demanda que estamos generando», mencionó Galán.

La advertencia coincide con lo dicho el 9 de septiembre por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ante la Comisión Quinta. «Bogotá, señores, está cerca de un apagón. Está cerca por una razón, porque hay una línea de transmisión que tiene que venir de la costa hacia acá, que no ha podido pasar esa línea de transmisión. Son 1.000 kilómetros, tiene 1.000 consultas», afirmó.

El proyecto al que hizo referencia el ministro contempla infraestructura para transportar energía desde la costa Caribe hacia el centro del país. Gómez atribuyó parte de las dificultades a los trámites y consultas que han retrasado su desarrollo.

Además, el Ejecutivo llevará al Congreso un proyecto de ley con mensaje de urgencia para conseguir $1,2 billones. Los recursos serían destinados a financiar medidas relacionadas con el suministro de energía. «No vamos a dejar que el país se apague», afirmó el ministro.

Una de las medidas ya puestas en marcha es un plan de emergencia de liquidez para que las compañías puedan abastecerse de energía térmica. Gómez también cuestionó que los problemas actuales puedan atribuirse exclusivamente a la administración que lleva un mes en funciones, y mencionó las gestiones de los exministros Irene Vélez y Edwin Palma: «La deuda de los 7 billones la tenemos que pagar nosotros. ¿Quién dejó que se llegara a ese dinero?», señaló.

Desde la Alcaldía, Galán respaldó los pronunciamientos orientados a terminar las redes de transmisión pendientes y a promover nuevos proyectos relacionados con el suministro de energía.

A la discusión sobre infraestructura se suma la situación financiera de algunas empresas del sector. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Alejandro Castañeda, advirtió sobre el impacto de la situación de Air-e en el flujo de recursos hacia las generadoras térmicas. Según el gremio, Air-e mantiene una deuda de $2,1 billones con las generadoras térmicas. Castañeda señaló que en julio la cartera aumentó en $380.000 millones y aseguró que la empresa estaría dejando de pagar cerca del 20 % de la energía producida por esos generadores.

Gómez también planteó que los recursos del Sistema General de Regalías podrían utilizarse para modernizar las redes de transmisión. «¿Por qué no cogemos la plata de regalías y modernizamos las redes?», preguntó ante la Comisión Quinta.

El ministro rechazó que la respuesta sea nacionalizar el sistema eléctrico. En su lugar, defendió la participación del Congreso en la discusión sobre el modelo energético y pidió revisar el funcionamiento de las empresas públicas de energía, sus costos y sus niveles de eficiencia.

Los números primero. Bogotá no está frente a un problema abstracto, sino ante una infraestructura que no alcanza para llevar energía donde ya existe demanda. Cuando la red queda corta, el costo termina en el usuario, en la industria y en el contribuyente que debe financiar parches de urgencia.

Capital busca reglas claras. La salida que se perfila pasa por inversión, obras y coordinación, no por más burocracia ni por promesas de último minuto. Si el Estado demora las redes, el riesgo no es solo técnico: es una pérdida de productividad para la capital y para la región central.

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