Más de 12,000 personas refugiadas con permiso de residencia en México ya operan dentro del sistema financiero formal gracias a un programa de apertura digital de cuentas impulsado por Banorte en alianza con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). La iniciativa arrancó en 2022 y permite completar el proceso en alrededor de cinco minutos mediante un expediente simplificado.
Felipe Medina, director ejecutivo de Captación de Banorte, identificó el problema de raíz: personas con voluntad de trabajar y empleadores dispuestos a contratarlas, bloqueadas por la imposibilidad práctica de abrir una cuenta para recibir nómina. La normativa vigente permite usar la CURP y documentos migratorios, pero —según ACNUR— muchas sucursales no reconocen esa documentación en ventanilla.
El banco diseñó un esquema enteramente digital. El titular recibe depósitos de salario de forma inmediata, puede realizar transferencias y opera con una tarjeta de débito digital desde el primer día. La tarjeta física llega después a través de establecimientos comerciales, sin necesidad de pisar una sucursal.
Las cuentas de este segmento registran depósitos mensuales de entre 2,000 y 14,000 pesos, mantienen un saldo promedio cercano a 1,900 pesos y generan alrededor de seis transacciones digitales al mes, entre compras electrónicas y retiros en cajeros automáticos, de acuerdo con Medina.
Entre las empresas que se sumaron al programa figuran FEMSA, Mabe, LEGO y Alpura. Sus equipos de recursos humanos fueron capacitados para acompañar la apertura de cuentas durante el proceso de incorporación laboral. El resultado, según el directivo, es menor rotación de personal y mayor productividad entre los trabajadores refugiados.
Medina añadió que una parte importante de esta población cuenta con experiencia profesional o estudios especializados. La falta de revalidación de documentos los obliga inicialmente a ocupar puestos por debajo de su nivel de preparación, lo que —paradójicamente— facilita su crecimiento posterior dentro de las organizaciones.
Los números hablan solos: cuando el mercado identifica un obstáculo regulatorio y lo rodea con tecnología, el flujo de valor se restablece. La apertura digital en cinco minutos hace lo que años de normativa incumplida no lograron. La lección para el sistema financiero mexicano —y para el aparato regulatorio que genera esas fricciones en ventanilla— es directa: la inclusión no requiere nuevos programas de gasto público; requiere que las reglas existentes se apliquen de manera uniforme y que la banca privada tenga incentivos para servir segmentos no tradicionales.
Empresarios como los de FEMSA, Mabe, LEGO y Alpura ya votaron con sus nóminas. El capital busca productividad, no pasaportes; y cuando el Estado deja de interponer trabas burocráticas innecesarias, la libre empresa encuentra el camino sola.
