Los números primero. Con 16 puntos del PIB en ingresos tributarios, Colombia no logra financiar las funciones básicas del Estado. Así lo planteó Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República, durante el Congreso Nacional de Minería organizado por la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
"Los colombianos sí vamos a tener que pagar más impuestos", afirmó la economista ante el auditorio del sector minero. La frase, pronunciada por una funcionaria del Emisor y no por un vocero del Gobierno, tiene un peso distinto: viene de la autoridad monetaria, no de la política fiscal.
Acosta fue precisa en un punto que suele perderse en el debate público: reconocer que se necesitan más ingresos tributarios es distinto a definir quién los pagará. Según explicó, análisis previos —que datan de varios años atrás— ya mostraban que las personas naturales deberían tener un mayor peso en el pago de impuestos del que tienen hoy.
Es decir, el ajuste no se plantea solo sobre las empresas o los grandes patrimonios: la codirectora habla explícitamente de los hogares como sujetos de una mayor carga.
La funcionaria también amplió el foco más allá de la Nación. Llamó la atención sobre la tributación territorial —departamentos y municipios— y en particular sobre el impuesto predial, que consideró desactualizado. "Siempre que hablamos de lo fiscal nos referimos exclusivamente al Gobierno Nacional, y resulta que hoy hay otros niveles de gobierno que quieren tener mayores responsabilidades", señaló.
Para Acosta, actualizar esa tributación local permitiría complementar los recursos disponibles y dar mayor capacidad de decisión a las autoridades regionales sobre sus propias prioridades.
El mercado ya votó sobre este tipo de diagnósticos: cuando un banco central admite públicamente que el recaudo no alcanza para las funciones básicas del Estado, la señal que reciben los inversionistas es de riesgo país al alza, no de solvencia fiscal resuelta.
El problema de fondo que la declaración deja intacto es el del gasto. Ninguna reforma tributaria, por agresiva que sea sobre las personas naturales o sobre el predial, sustituye la disciplina en el uso de los recursos públicos. Cargar más impuestos sobre los hogares sin ese control previo equivale a pedirle al contribuyente que financie una estructura de gasto que no se ha puesto en revisión.
Capital busca reglas claras, y la claridad que ofrece Acosta es parcial: confirma que vendrá más carga tributaria, pero deja abierta —deliberadamente, según ella misma reconoce— la pregunta de quién la pagará y bajo qué mecanismos. Esa indefinición, más que la cifra del 16% del PIB, es lo que debería inquietar tanto a los hogares colombianos como a quienes evalúan invertir en el país.
