Una indicación parlamentaria aprobada en la sala del Senado prohíbe el anatocismo en Chile. El texto reemplaza el artículo 9° de la Ley N° 18.010. La nueva redacción establece que «no se podrá estipular, en ningún caso, el pago de intereses sobre intereses, ni capitalizarlos en cada vencimiento o renovación».
La indicación fue impulsada por parlamentarios de oposición. Ya había pasado por la Cámara de Diputados el 20 de mayo. Al haber sido aprobada en ambas cámaras, no será materia de Comisión Mixta.
El gobierno hizo reserva de constitucionalidad durante la votación en el Senado. Ahora evalúa dos caminos: recurrir al Tribunal Constitucional o presentar un veto dentro de los 30 días posteriores a la aprobación definitiva del Congreso.
La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, no esperó el desenlace legislativo. Envió una minuta de 22 páginas a la comisión correspondiente. Su conclusión fue directa: «sería aconsejable no persistir con esta idea de prohibir de forma absoluta el anatocismo».
El BC argumenta que la normativa vigente ya limita el interés compuesto. La capitalización de intereses por períodos inferiores a 30 días está prohibida. El interés moratorio solo aplica sobre capital efectivamente vencido y no puede capitalizarse. La regulación de pago mínimo en tarjetas obliga al pago total de intereses devengados. El BC concluye que «no hay anatocismo en el producto de crédito de mayor uso en hogares».
También señala que existen mecanismos de protección vigentes: la Tasa Máxima Convencional, el Registro de Deuda Consolidada y la regulación reciente sobre pago mínimo en tarjetas.
Sobre el fondo económico, el BC es preciso. «La tasa de interés es el precio del dinero en el tiempo», afirma. El interés compuesto permite valorizar flujos y determinar el precio de bonos, acciones y derivados. Eso no cambia con una ley. El mercado seguirá usando valor presente para fijar precios, independientemente del marco legal.
La consecuencia es una distorsión. Los flujos contractuales y la valorización de mercado quedarían desalineados. Los participantes ajustarán sus estructuras para compensar. El BC identifica tres efectos concretos: la prohibición no reduciría necesariamente el costo del crédito, la Tasa Máxima Convencional aplicada podría aumentar, y el ahorro de las personas podría verse afectado. Agrega que «una prohibición amplia al anatocismo como la propuesta no tiene precedentes en la experiencia comparada».
Desde Ágora Capital, el diagnóstico es claro. Una norma que pretende abaratar el crédito termina encareciendo el acceso al capital. El aparato legislativo interviene en la fijación de precios financieros sin resolver el problema de fondo. El BC lo dice con números y teoría económica. Capital busca reglas claras, no prohibiciones que obligan al mercado a reescribir los contratos por la ventana trasera. El costo lo pagará, como siempre, el deudor que la norma prometía proteger.
