La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) autorizó a Banco BISA, S.A. (Sucursal Panamá) para operar bajo una Licencia Bancaria Internacional mediante la Resolución SBP-BAN-R-2026-00478, emitida el 13 de julio de 2026 y divulgada el 20 de julio.
El banco entrante pertenece al Grupo Financiero BISA S.A., un conglomerado boliviano con sede en La Paz que controla, además del negocio bancario, compañías de seguros, leasing, fondos de inversión, intermediación bursátil y almacenamiento financiero. Según los estados financieros auditados al cierre de 2025, el banco reportó activos cercanos a $4,555 millones y un patrimonio de aproximadamente $442 millones. La sociedad controladora, por su parte, registró un patrimonio de alrededor de $339.5 millones.
El Grupo Financiero BISA posee el 60.63% de Banco BISA mediante 108,366,710 acciones. Esa participación generó al conglomerado una utilidad atribuible de 471.75 millones de bolivianos, equivalentes a $68.8 millones durante 2025.
El proceso regulatorio arrancó formalmente el 19 de marzo de 2026, cuando la SBP otorgó a la entidad boliviana un permiso temporal de 90 días para protocolizar e inscribir en el Registro Público los documentos necesarios. Ese permiso no habilitaba operaciones bancarias; solo permitía completar los trámites corporativos previos a la solicitud de licencia. Cuatro meses después, el regulador aprobó la autorización definitiva.
Con la licencia internacional, Banco BISA podrá dirigir desde una oficina en Panamá operaciones que se perfeccionen, consuman o surtan efectos en el exterior, así como otras actividades que autorice la SBP. A diferencia de una licencia general —que habilita negocios tanto dentro como fuera del país—, la licencia internacional se orienta a transacciones con alcance extrafronterizo.
Con la incorporación de BISA, el Centro Bancario Internacional de Panamá suma 16 entidades con licencia de este tipo.
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El movimiento es una señal de mercado difícil de ignorar. Capital privado latinoamericano sigue eligiendo Panamá como puerta de salida al circuito financiero internacional, y lo hace por razones concretas: marco regulatorio predecible, supervisión técnica y un sistema jurídico que no cambia de reglas a mitad del partido. Cada nueva licencia es un voto de confianza en la estabilidad que el gobierno de Mulino ha defendido como activo estratégico del país.
Para Bolivia, la apertura de una sucursal panameña representa la proyección internacional de un grupo con músculo patrimonial real. Para Panamá, refuerza la narrativa de plaza financiera de referencia en la región —exactamente el tipo de retorno institucional que justifica mantener el estado de derecho como prioridad de política pública.

