Los números primero. La Argentina es, de lejos, el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional: concentra el 43,3% de la cartera crediticia del organismo, con poco más de USD 44.000 millones desembolsados sobre una cartera total de USD 101.600 millones (31.913,7 millones de Derechos Especiales de Giro, DEG, frente a 73.620,2 millones de la cartera total, con el DEG valuado en 1,38 dólares al 3 de enero de 2020).
El peso relativo crece si se mira el flujo comprometido bajo el acuerdo firmado en junio de 2018, luego ampliado de USD 50.000 millones a USD 57.000 millones: el calendario de pagos argentino representará 23,5% de los ingresos de capital e intereses proyectados por el FMI para 2020, 40,7% para 2021, 70,7% para 2022 y 82,3% para 2023. El economista Guillermo Calvo lo resumió así: «Si la Argentina no le paga al FMI, el FMI se funde».
La afirmación, sin embargo, tiene una contracara que el propio informe destaca: el dinero desembolsado a la Argentina equivale a apenas 4,4% de la capacidad prestable del Fondo, de un billón de dólares, y a 6,6% de su capital, de USD 661.000 millones. La diferencia entre capital y capacidad prestable se cubre con acuerdos de préstamo de Japón, Estados Unidos y Alemania.
Héctor Torres, exrepresentante argentino en el directorio del FMI, matizó el supuesto poder de negociación que da ser el mayor deudor: «Se exagera un poco el argumento del leverage. El FMI vive de los flujos de fondos del dinero que presta, así que el default de un deudor importante como la Argentina le puede generar algún problema presupuestario, pero es algo que puede absorber rápidamente». En el mismo sentido se expresó Claudio Loser, exdirector del Departamento Hemisferio Occidental del organismo: la deuda argentina «es un monto importante, pero que el Fondo puede absorber incluso si la Argentina no le pagara».
Torres también advirtió sobre el costo reputacional de un default: «Si se le defaultea al Fondo, se le defaultea a los otros 188 países que integran el organismo». En 75 años de historia, ningún país incurrió en default sobre la Cuenta General de Recursos del FMI; los únicos casos de moratoria prolongada corresponden a Sudán y Somalía, con créditos de otra naturaleza. El sistema se sostiene en el principio de burden sharing: quienes aportan más de lo que toman lo hacen a tasas bajas, y quienes toman más de lo que aportan pagan algo más, pero muy por debajo del costo de mercado.
Torres recordó además el episodio de abril de 2004, cuando la Argentina debió afrontar una cuota que superaba el 25% de las reservas del Banco Central y negoció, con dificultad, que la gerencia del Fondo recomendara un nuevo desembolso. Para el exfuncionario, el verdadero apalancamiento argentino no está en el tamaño de la deuda sino en el daño reputacional que sufriría el FMI: «Fue un programa en el que se cumplieron todas las metas, pero ninguno de los objetivos».
El mercado ya votó sobre este tipo de historial: cada renegociación con el Fondo eleva el riesgo país y encarece el crédito para el sector privado argentino. Capital busca reglas claras y calendarios de pago sostenibles; cuando un Estado concentra semejante porción de la cartera de su acreedor multilateral, la disciplina fiscal deja de ser una opción ideológica y se convierte en la única vía para recuperar acceso genuino al financiamiento externo.
