El debate sobre los límites del Poder Judicial en Estados Unidos tiene una historia larga —y, según el constitucionalista Jonathan Turley, la izquierda la está reescribiendo a conveniencia.
Turley señala que los críticos de Trump lo acusan de «ignorar el estado de derecho» cada vez que el presidente cuestiona o resiste fallos judiciales: sobre ciudadanía por nacimiento, política comercial, la remoción de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook o la inclusión de su nombre en el Kennedy Center. Sin embargo, argumenta que esa crítica «colapsa bajo el peso de los propios compromisos constitucionales de la izquierda».
Dos doctrinas con larga tradición
El análisis de Turley gira en torno a dos marcos teóricos. El primero es el constitucionalismo popular, desarrollado por el exdecano de Stanford Larry Kramer en «The People Themselves», que sostiene que el pueblo —actuando a través de sus representantes electos— conserva la autoridad última sobre el significado constitucional. El segundo es el departamentalismo, que afirma que cada rama del gobierno tiene el deber independiente de interpretar la Constitución.
La distinción clave que Turley subraya: el fallo de un tribunal vincula a las partes específicas de un caso, pero no obliga a las ramas políticas como mandato permanente. Rechazar la supremacía judicial, escribe, «no es desafiar el estado de derecho; es rechazar la idea de que cinco o seis jueces tienen el monopolio de la verdad constitucional».
Una tradición presidencial, no una anomalía
Turley recorre la historia para sostener su argumento. Thomas Jefferson escribió que «cada uno de los tres departamentos tiene igualmente el derecho de decidir por sí mismo cuál es su deber bajo la Constitución». Andrew Jackson declaró que las opiniones de la Corte Suprema «no deberían controlar a las autoridades coordinadas de este gobierno». Abraham Lincoln trató el fallo Dred Scott v. Sandford como vinculante solo para los litigantes inmediatos. Franklin Roosevelt desafió abiertamente las interpretaciones constitucionales de la Corte durante el New Deal, y Richard Nixon afirmó con frecuencia autoridad ejecutiva independiente en asuntos administrativos.
«Si la resistencia presidencial a la supremacía judicial fuera inherentemente ilegal», concluye Turley, «la mitad de los presidentes más influyentes de América serían culpables de ello».
El mercado de las ideas jurídicas
Desde la perspectiva de Ágora Capital, el debate importa más allá de lo académico. Un Ejecutivo que puede resistir interpretaciones judiciales expansivas también puede desregular, reducir el aparato estatal y defender la propiedad privada frente a mandatos burocráticos que ningún votante eligió directamente. La coherencia doctrinal que Turley exige a la izquierda es, en el fondo, la misma que el libre mercado exige a sus reguladores: las reglas deben aplicarse igual para todos, sin importar quién esté en el poder. Cuando la selectividad reemplaza al principio, el capital —y la confianza institucional— encuentran la salida.
