Los números primero. OpenAI anunció la apertura de su primera oficina en Brasil, ubicada en São Paulo, con el objetivo de trabajar más directamente con empresas, desarrolladores, investigadores e instituciones públicas del país, según un comunicado de la compañía.
El movimiento no es casual. Brasil figura entre los tres mercados con mayor número de usuarios activos semanales de ChatGPT en el mundo, una métrica que casi se duplicó en los últimos doce meses. Las cuentas profesionales de la herramienta, por su parte, se multiplicaron por cinco en el mismo periodo, y el país ocupa el segundo lugar global por cantidad de desarrolladores que utilizan el lenguaje de programación de OpenAI.
El flujo de adopción tiene un correlato económico que la propia empresa destacó en su comunicado. Según un estudio del centro de estudios Reglab, citado por OpenAI, la inteligencia artificial podría sumar 986.700 millones de reales —unos 190.800 millones de dólares— al producto interno bruto de Brasil hasta 2030. Esa cifra equivale a un incremento del 2,77% en el periodo.
El mercado ya votó. Una compañía privada decide instalar infraestructura física y equipos comerciales en un país porque la demanda de sus productos —usuarios, desarrolladores, cuentas profesionales de pago— crece a un ritmo que justifica la inversión sin necesidad de subsidio ni mandato estatal. Es capitalización de mercado siguiendo señales de productividad, no una asignación de recursos dictada por un plan industrial.
Brasil no es, sin embargo, un terreno regulatorio neutro para la tecnología. El mismo país que ve multiplicarse por cinco las cuentas profesionales de ChatGPT ha impuesto sanciones millonarias a otras plataformas digitales, como la multa reciente a TikTok por el tratamiento de datos de menores. La convivencia entre un régimen que castiga con dureza a unas empresas y abre la puerta comercial a otras revela la tensión permanente entre el apetito regulador del Estado y el apetito de capital del mercado.
Para OpenAI, la apuesta es simple: donde hay usuarios, desarrolladores y proyección de crecimiento del PIB, hay margen para justificar una oficina física. El riesgo país —regulatorio, cambiario, institucional— sigue siendo parte de la ecuación, pero las cifras de adopción indican que, por ahora, la balanza se inclina hacia la expansión. La pregunta que queda abierta es si el marco regulatorio brasileño, con su historial de multas severas a plataformas digitales, tratará a la inteligencia artificial con la misma vara o le dará el espacio que el propio mercado ya le concedió.
