Los números primero. La Orinoquía colombiana concentra cerca del 28% del territorio nacional y, según el CONPES 3797, más de 15 millones de hectáreas con potencial productivo. De esa extensión, apenas 700.000 hectáreas están cultivadas hoy. La brecha entre potencial y uso real es el dato que resume el problema.
La región ya demuestra capacidad productiva donde se le permite operar: en 2024, la Altillanura generó el 37% de la producción nacional de maíz tecnificado y el 86% de la de soya, según cifras citadas por la firma Ramírez y Cardona Abogados. El jefe de Estado colombiano llamó a la Orinoquía «nuestro Mato Grosso» en su discurso de posesión, en referencia al modelo agrícola brasileño que transformó suelos considerados marginales mediante tecnología, infraestructura y escala.
Fedesarrollo cuantificó el costo de no hacer las reformas necesarias: con las inversiones adecuadas, el PIB agropecuario nacional podría ser 20% superior para 2045 y el PIB total del país 8,2% mayor. El valor agregado adicional acumulado alcanzaría los 934 billones de pesos a valores de 2026. Pero la adecuación de esos suelos no es gratuita: cuesta entre 800 y 2.500 dólares por hectárea, según el análisis del despacho.
El obstáculo, sostiene la firma, no es agronómico sino normativo. El régimen agrario vigente fue diseñado para otra escala productiva y hoy impone restricciones que desincentivan la inversión: límites de escala incompatibles con los capitales requeridos, vacíos normativos y la imposibilidad de regularizar situaciones consolidadas sobre predios de origen baldío. A esto se suma la tensión entre el régimen de restitución de tierras y la seguridad jurídica de quienes invirtieron de buena fe, un punto que el despacho propone resolver con mecanismos como la doble instancia y el reconocimiento de inversiones y mejoras, sin renunciar a la reparación de las víctimas.
La firma plantea una reforma legal integral: escalas compatibles con la inversión, seguridad jurídica sobre la propiedad rural, instrumentos para aprovechar productivamente tierras de la Nación, asociación entre inversionistas y productores locales, y mecanismos de estabilidad jurídica para atraer capital de largo plazo.
El mercado ya votó, aunque en sentido inverso: 14,3 millones de hectáreas fértiles siguen sin sembrar porque el riesgo país en materia de tenencia de tierra supera el retorno esperado por cualquier inversionista racional. Ningún capital de largo plazo se compromete con un activo —la tierra— cuya titularidad puede quedar en entredicho por décadas. La región no necesita más discursos sobre despensas agrícolas; necesita reglas de propiedad que sobrevivan a los cambios de gobierno.
Si Colombia quiere replicar el Mato Grosso brasileño, la lección de fondo no es agronómica sino institucional: el suelo sin ley clara es solo tierra ociosa. La productividad llega después de la certeza jurídica, no antes. Capital busca reglas claras, y hasta que las tenga, la Altillanura seguirá siendo una promesa citada en discursos de posesión.
