Los números primero. Axon, la multinacional estadounidense de tecnología para seguridad, ya tiene sistemas antidrones desplegados en bases del Ejército y la Fuerza Aérea colombianos, según confirmó Fernando Vegas Cueto, country manager de la compañía para Colombia y Centroamérica, en entrevista con El Colombiano.
La compañía protege «las bases más calientes o problemáticas del país», dijo Vegas, mientras el proyecto del escudo nacional antidrones —de alcance estatal y no privado— permanece detenido. Según el ejecutivo, ese plan «quedó detenido por la entrada del nuevo Gobierno» y Axon espera su reactivación, porque «los ataques van a seguir constantemente y cada vez más».
El dato no es menor: mientras el aparato estatal posterga la decisión, es capital privado el que ya está cubriendo el vacío de protección del espacio aéreo militar. Axon lleva 32 años en el mercado y cuenta entre sus clientes a 17.000 agencias de policía en el mundo, incluidas Nueva York, Orlando y Miami en Estados Unidos, y São Paulo, Chile y Argentina en Sudamérica.
El negocio de la firma va más allá de los drones. Su portafolio incluye el dispositivo Taser —su producto original—, cámaras corporales, gestión de evidencia, monitoreo centralizado de cámaras público-privadas, reconocimiento automático de placas y soluciones de inteligencia artificial para la atención de llamadas de emergencia, desde el primer contacto al 123 o al 911 hasta la judicialización.
Vegas vinculó la demanda de estas tecnologías a la agenda de seguridad del nuevo Gobierno y a la posible inclusión de Colombia en el llamado Escudo de las Américas, que según él «potencia la necesidad» de este tipo de soluciones no solo para la Presidencia, sino para ciudades y departamentos que enfrentan cada vez más ataques, como Cali, Antioquia, Medellín y Bogotá.
El mercado ya votó: una multinacional con presencia en 17.000 agencias policiales del mundo decidió instalar capital y tecnología en las bases más expuestas del país antes de que el Estado colombiano resolviera su propio proyecto de defensa aérea. Eso dice algo sobre dónde está hoy la iniciativa y la capacidad de ejecución.
Cuando el aparato estatal frena un proyecto de seguridad nacional por razones que la fuente no detalla más allá de «la entrada del nuevo Gobierno», el costo no lo asume la burocracia: lo asumen los soldados en las bases más atacadas y los ciudadanos de Cali, Medellín o Bogotá que siguen bajo amenaza. La inversión privada en seguridad puede llenar huecos puntuales, pero no sustituye una política de Estado. La demora, más que un detalle administrativo, es una señal de riesgo país para quienes deciden qué proteger y con qué presupuesto.
