El gobierno venezolano intenta convertir la devolución de activos expropiados en una señal de apertura económica. La Comisión para la Evaluación de Activos Públicos, presidida por Luigi Pisella, ha planteado acelerar las restituciones para generar confianza entre inversionistas y mostrar, en sus propias palabras, «victorias tempranas» que permitan atraer capital privado.
El contexto es el acercamiento entre Caracas y Washington tras la captura de Nicolás Maduro en enero, que ha alimentado expectativas sobre una mayor apertura y el regreso de inversión al país. En julio, Pisella señaló que acelerar algunas devoluciones era necesario para demostrar que la recuperación económica es sostenible.
El problema es estructural: antes de que las restituciones puedan convertirse en política económica de mayor alcance, Venezuela enfrenta la tarea de determinar qué activos pueden ser devueltos, quiénes son sus propietarios legítimos y en qué estado se encuentran después de años bajo control estatal.
La respuesta, por ahora, es incómoda. Cedice Libertad, organización que lleva años documentando afectaciones al derecho de propiedad, cuenta con 1.757 registros de afectaciones, de los cuales 654 están clasificados como expropiaciones o adquisiciones forzosas y más de 1.100 corresponden a otras modalidades. Ana María Carrasquero, coordinadora de la organización, fue directa en conversación con Bloomberg Línea: «Hoy no puede afirmarse responsablemente que existe un inventario completo de todos los activos restituibles en Venezuela».
Cedice ha analizado experiencias internacionales de restitución en República Checa, Polonia, Hungría y Chile, y ha trabajado con expertos colombianos en mecanismos similares. Con ese bagaje, la organización desarrolló un Anteproyecto de Ley de Devolución y un instrumento para reconstruir la cadena de titularidad de los bienes afectados.
El único caso emblemático reciente es el Centro Comercial Sambil La Candelaria, tomado por el Estado en 2008 durante el gobierno de Hugo Chávez y devuelto a sus propietarios en 2022, tras 14 años. El centro reabrió ese mismo año luego de ser remodelado. La diferencia ahora, según el propio gobierno, es que las devoluciones forman parte de una revisión más amplia y están vinculadas de manera explícita a la atracción de inversión privada.
Además, Venezuela enfrenta una deuda pendiente: un laudo internacional por más de 1.600 millones de dólares por la expropiación de Agroisleña, cifra que ilustra el costo acumulado de décadas de destrucción de derechos de propiedad.
La lectura de Ágora Capital es esta: el capital busca reglas claras, no gestos. Una política de restitución sin inventario, sin cadena de titularidad verificada y sin marco legal aprobado no es una señal creíble para el inversionista privado; es una promesa sin respaldo. El aparato estatal venezolano destruyó en años lo que reconstruir tomará décadas, y el costo de esa destrucción —medido en laudos, en empresas desmanteladas, en productividad perdida— lo pagan hoy quienes podrían traer capital. Mientras el inventario no exista y la ley no se apruebe, las «victorias tempranas» seguirán siendo más relato que retorno.
