El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, encendió una alerta sobre el avance de la usura en barrios populares. En declaraciones a Infobae, describió el mecanismo con precisión: «Va una familia, pide $200.000, a los quince días tiene que devolver el doble y quince días después tiene que volver un millón. Y si eso no pasa, en cinco o seis meses le toman la casa por la fuerza».
El fenómeno se alimenta de la exclusión del crédito formal. Sin acceso a bancos ni financieras reguladas, las familias de menores ingresos quedan expuestas a redes de prestamistas informales que operan fuera de todo marco legal. Alonso indicó que el gobierno provincial trabaja con jueces y fiscales para desarticular estas organizaciones.
Menos recursos, misma demanda
El contexto presupuestario complica la respuesta del Estado provincial. Alonso afirmó que el Gobierno Nacional recortó $750.000.000.000 por año destinados a financiar el sistema de seguridad bonaerense. «Son veinte mil millones de dólares menos que tenemos desde que este gobierno nacional llegó», sostuvo el ministro.
El recorte, según Alonso, se instrumentó a través del decreto 70, que derogó el plan de financiamiento de seguridad de la provincia —una ley aprobada por el Congreso— y suspendió el envío de esos fondos. La provincia debió reorganizar prioridades para sostener el pago de salarios y el patrullaje.
Pese a ello, Alonso destacó inversiones en tecnología: cámaras, una plataforma de monitoreo en tiempo real de patrulleros y llamadas al 911, y coordinación con intendentes para la respuesta ante emergencias. «Tenemos un nivel de patrullaje en las calles muy alto», afirmó.
Los números del delito
En materia estadística, Alonso presentó una lectura favorable de la gestión. La provincia registró 89 homicidios en ocasión de robo el año pasado, cifra que describió como la más baja desde que existe registro oficial. Los robos bajaron un 8% y el robo automotor descendió un 40%, según el ministro.
Al comparar con la gestión anterior, Alonso señaló: «Cuando nosotros llegamos en diciembre de 2019, veníamos de 1.000 homicidios, en promedio de la gestión de Vidal. Nosotros tuvimos 740 homicidios». Agregó que la provincia de Buenos Aires «no es la provincia con más homicidios de la Argentina, ni por cerca».
Sin embargo, reconoció que la percepción ciudadana no acompaña esos datos. «La percepción de la gente en materia de seguridad es muy importante y hay un temor», admitió, y atribuyó parte de esa brecha a la circulación de contenidos en redes sociales.
Sobre el sistema penitenciario, Alonso aclaró que el acceso de celulares a internos lo autorizan los jueces, no la administración provincial, y señaló la necesidad de actualizar esos criterios. La provincia creó unidades de aislamiento para internos de alto riesgo.
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Lo que el relato del ministro Alonso deja en evidencia es una falla de mercado clásica agravada por el Estado: cuando el crédito formal no llega, el informal cobra tasas confiscatorias y ejecuta garantías por la fuerza. La solución no pasa por más aparato burocrático, sino por remover las barreras regulatorias y de costo que alejan a los bancos de los barrios populares. Mientras el debate se centra en quién recorta qué fondos entre Nación y provincia, las familias más vulnerables siguen financiándose con usureros. Capital busca reglas claras; donde no las hay, prospera la extorsión.
