Donald Trump firmó el jueves una nueva orden ejecutiva que dispone renombrar el lago Ontario como «lago América» dentro de Estados Unidos. La medida llega en medio de un nuevo frente arancelario con Canadá y repite el molde que el presidente ya aplicó al golfo de México, rebautizado internamente como «golfo de América» al inicio de su mandato.
La decisión no nació de un proceso técnico. Jesús Burgueño, geógrafo y catedrático de la Universidad de Lleida, explica que los cambios de nombres geográficos suelen tramitarse en institutos cartográficos y comisiones de toponimia que estudian el origen histórico de cada denominación. Según Burgueño, «crear esa innovación por decreto en pleno siglo XXI habla más de la personalidad del autócrata que de otra cosa».
Pese a la crítica del especialista, el propio Burgueño reconoce que la orden «sí tendrá» valor efectivo dentro del territorio estadounidense. No es inusual que un mismo espacio tenga nombres distintos según el país: el río que separa a México de Estados Unidos se llama Bravo de un lado y Grande del otro, y el mar de Japón es «mar del Este» para ambas Coreas. Incluso dentro de un mismo país conviven denominaciones, como el «golfo de Bizkaia» y el «golfo de Gascogne» en España.
Lo que distingue el caso del lago Ontario, apunta Frédéric Giraut, profesor de geografía política en la Universidad de Ginebra, es el momento político. «Todas las administraciones estadounidenses están ahora bajo el control de la Casa Blanca, incluida la Junta de Nombres Geográficos de EE UU», señala Giraut, titular de la Cátedra Unesco Denominar el Mundo.
Esa centralización ya generó fricción institucional. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró que su administración no incorporará el cambio, en lo que constituye la primera resistencia estatal explícita a la orden.
El episodio, más allá de la anécdota cartográfica, retrata el estilo de gestión de Trump: uso del Ejecutivo para imponer símbolos sin pasar por los canales técnicos tradicionales, en paralelo a una disputa comercial real con Canadá que sí golpea flujos de bienes y cadenas de suministro binacionales. El nombre de un lago no mueve el PIB, pero la orden confirma que la Casa Blanca opera hoy con un control sobre las agencias federales que antes se repartía entre comisiones independientes.
La respuesta de Hochul anticipa el patrón que se repetirá: estados gobernados por demócratas ignorando directrices simbólicas de Washington mientras el litigio arancelario de fondo sigue su curso. El mapa, en ese sentido, se convierte en otro terreno donde se mide qué tanto poder concentra el Ejecutivo frente a estados y especialistas técnicos.
