El gobierno de Donald Trump anunció el lunes una nueva propuesta para imponer una tasa de hasta 103.265 dólares a los empleadores que contraten trabajadores extranjeros mediante el visado H-1B, el permiso más utilizado en el sector tecnológico estadounidense.
El Departamento de Seguridad Nacional presentó la medida como un «mecanismo de ingresos» destinado a recuperar los costos de administrar el sistema de inmigración legal. La administración sostiene que el programa H-1B ha sido explotado para sustituir, en lugar de complementar, a la fuerza laboral nacional, y que la tasa elevaría la empleabilidad de ciudadanos estadounidenses.
El visado H-1B, creado por el Congreso en 1990, permite a empresas estadounidenses patrocinar a profesionales extranjeros en áreas especializadas: científicos, médicos, ingenieros y desarrolladores informáticos. El permiso tiene una vigencia inicial de tres años, ampliable hasta seis. Estados Unidos concede actualmente unos 85.000 de estos visados al año.
El antecedente judicial pesa. La administración republicana ya había intentado imponer una tasa de 100.000 dólares mediante proclamación presidencial —cuya fecha exacta la fuente consigna con una inconsistencia cronológica—, pero un juez federal bloqueó esa orden al alinearse con 20 estados gobernados por demócratas. La demanda argumentaba que la tasa constituía un impuesto ilegal que eludía la autoridad del Congreso. Con esa resolución aún en revisión de apelación, la Casa Blanca busca ahora imponer el cobro por una vía regulatoria distinta.
La nueva propuesta queda abierta a comentarios públicos antes de entrar en vigor, y es probable que enfrente impugnaciones similares a las que frenaron la iniciativa anterior, según anticipa la propia fuente.
Entre los críticos de la medida figuran voces que advierten sobre carencias de personal en medicina, ingeniería y ciencias. Los defensores, en cambio, argumentan que el encarecimiento del visado desincentivará el reemplazo de trabajadores locales. Figuras como Musk (SpaceX) y Pichai (Google) utilizaron en su momento visados H-1B, lo que ilustra el peso del programa en la cadena de talento tecnológico global.
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Desde Ágora Capital, la lectura es doble. Por un lado, la lógica de proteger al trabajador nacional tiene respaldo político legítimo, y el argumento de que el programa se ha usado para abaratar nóminas a costa del talento local merece escrutinio serio. Por otro, una tasa de seis cifras por contratación es, en la práctica, una barrera de entrada que encarece el capital humano para las empresas y traslada ese costo —vía precios o menor inversión— al consumidor y al contribuyente.
El mercado ya votó: la incertidumbre regulatoria sobre H-1B es un factor de riesgo real para las empresas tecnológicas que compiten por talento global. Capital busca reglas claras; lo que encuentra aquí es litigio, apelaciones y normas que cambian de forma antes de consolidarse. Eso no es orden jurídico; es fricción costosa.
