Las tarifas eléctricas en Nicaragua han subido de forma sostenida y ya condicionan las decisiones de inversión de pequeños negocios. Una familia que opera una pulpería en Managua vio su factura pasar de 1,200 córdobas (USD 33) a más de 2,000 córdobas (USD 56) al mes, con incrementos mensuales de 100 córdobas, según datos publicados por Confidencial.digital.
El impacto es directo sobre la oferta. La familia, identificada por el nombre Sergio, decidió no incorporar un tercer equipo de refrigeración —y con ello renunció a vender carne y productos perecederos— porque el costo adicional superaría las ganancias potenciales. «Decidimos no escalar el negocio porque eso subiría más los costos que las ganancias», explicó Sergio según la misma fuente. En la práctica, Sergio subsidia con recursos propios la mitad del recibo eléctrico para sostener la actividad.
El fenómeno no se limita a las pulperías. Un restaurante administrado por Guillermo paga entre 25,000 y 35,000 córdobas (USD 694 a USD 972) mensuales en electricidad, sin utilizar aire acondicionado. La estructura de costos llega a moldear incluso la estrategia de ventas: Guillermo instruye a sus meseros para priorizar comida, vino y licores sobre la cerveza, que «se vende sola» pero deja menor margen y exige más refrigeración.
Diagnóstico de los especialistas
El economista Peña atribuye parte del encarecimiento a la alta participación estatal en las comercializadoras Disnorte y Dissur. Según su análisis, la burocracia interna eleva los costos operativos y estos se trasladan al usuario final. Peña señala además que los emprendedores enfrentan simultáneamente impuestos locales y nacionales, tasas de interés elevadas y una tarifa eléctrica que, en lugar de incentivar, «bloquea la innovación y el espíritu del emprendedor».
El economista Chamorro apunta a la obsolescencia de la red: «el sistema eléctrico nicaragüense tiene muchas fugas; sus pérdidas técnicas superan en varias veces las de Costa Rica y el resto de Centroamérica». El pliego tarifario vigente fue diseñado cuando el sistema no cubría la demanda nacional, lo que generó un esquema que penaliza el mayor consumo con precios más altos por kWh. A eso se suma la política de remunerar la potencia instalada de las generadoras incluso cuando no producen, encareciendo el costo final.
Chamorro describe la situación como «un monopolio con un único proveedor que no está regulado y, peor aún, el regulador está interesado en que no baje el precio porque bajan sus ingresos». Planteó la posibilidad de un sistema concesionado con un regulador independiente capaz de equilibrar utilidades empresariales, inversión y acceso tarifario.
Lectura editorial
El caso nicaragüense ilustra con precisión el costo real del Estado empresario: cuando el aparato público controla la distribución eléctrica sin regulación independiente, los incentivos se invierten. La burocracia protege sus ingresos, las pérdidas técnicas se socializan vía tarifa y el emprendedor de barrio paga la ineficiencia con su propio capital de trabajo.
Capital busca reglas claras. Un mercado eléctrico con concesiones competitivas y un regulador autónomo no es un lujo tecnocrático: es la condición mínima para que una pulpería pueda comprar una refrigeradora sin que eso destruya su margen. Mientras el monopolio estatal permanezca intacto, el límite al crecimiento de los pequeños negocios no será la demanda ni el talento, sino la factura de luz.
