Panamá cerró una semana cargada de señales económicas y políticas que, sumadas, dibujan un cuadro de incertidumbre para la inversión y el crecimiento.
El impuesto del 7% a plataformas digitales
El gobierno anunció el posible cobro de un 7% sobre el uso de plataformas digitales y servicios de transporte tipo Uber. El argumento oficial apunta a la equidad: los negocios al por menor que compiten con el comercio en línea ya tributan ese porcentaje al fisco. La medida, sin embargo, no afectará por igual a todos los consumidores.
Quienes cuenten con tarjeta de crédito emitida en Estados Unidos podrán eludir el cargo. Quienes prefieran evitar el sobrecosto volverán a los canales tradicionales. Y un tercer grupo, cuyo tamaño nadie puede anticipar, simplemente absorberá el 7% adicional. Ese último segmento es el que, en la práctica, financiará la exoneración fiscal prevista para la adquisición de viviendas.
Desde la línea editorial de Ágora Capital, el diseño importa tanto como la tasa: un impuesto que se puede eludir con un plástico extranjero no es una política tributaria, es una transferencia de carga hacia los consumidores de menor capacidad financiera.
Inversión extranjera y estabilidad jurídica
Apede, junto con otras organizaciones empresariales, solicitó formalmente fortalecer la estabilidad jurídica de las empresas que han invertido en Panamá. La petición no es nueva: la inversión extranjera directa ha venido disminuyendo, según la columna, tanto por fallos judiciales adversos a empresas establecidas en el país como por una ley que, cumplidos los diez años de operación, deja a esas compañías en una posición de menor protección.
Capital busca reglas claras. Cuando el marco legal cambia de forma retroactiva o deja ventanas de vulnerabilidad, el flujo de inversión simplemente busca otra jurisdicción. La señal que Apede lanza al gobierno de Mulino es directa: sin certeza jurídica, el argumento competitivo de Panamá se erosiona.
Canal bajo presión meteorológica y geopolítica
El Canal de Panamá anunció que reducirá la cantidad de navíos que cruzan la vía interoceánica y que aplicará una nueva reducción el mes siguiente. El impacto no se limita al cobro de peajes: toda la cadena logística, uno de los pilares del ingreso fijo del país, queda expuesta.
A esto se suma la presencia de militares estadounidenses, incluido el secretario de Defensa, cuya visita paralizó parte de Panamá Oeste. La columna señala que, si existen acuerdos de seguridad similares a los anunciados en otros países, la ciudadanía merece conocerlos con claridad. La vulnerabilidad del Canal ante ataques con drones —documentada en otros conflictos activos— es, según la fuente, un riesgo real y no especulativo.
La industria de restaurantes, otro foco de alerta
Fuentes del sector informaron que la industria de restaurantes acumula meses de contracción desde junio pasado, sin perspectiva de recuperación antes de fin de año. Si ese sector cede, el efecto sobre el empleo es inmediato.
Los números primero: Canal con menos tráfico, inversión extranjera a la baja, un nuevo impuesto de diseño regresivo y una cadena de servicios bajo estrés. El gobierno de Mulino tiene ante sí una agenda económica que exige decisiones de fondo, no solo anuncios. La estabilidad jurídica y la transparencia en los acuerdos de seguridad no son peticiones ideológicas; son condiciones mínimas para que el capital privado siga apostando por Panamá.
