La Asamblea Nacional de Panamá discute el proyecto de ley 30-26, que propone aplicar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) del 7% a compras y servicios contratados en plataformas como Amazon, Temu, Netflix y Airbnb. El Gobierno panameño calcula que la medida podría generar más de $100 millones al año y ha señalado que el cobro se apoyaría principalmente en transacciones efectuadas con tarjetas de crédito.
El debate llega tarde. Según Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), el comercio electrónico de América Latina alcanzó los $769,000 millones en 2025, un 21% más que en 2024, y superará el billón de dólares en 2027. La cifra contrasta con los $507,000 millones registrados en 2023. La Organización Mundial del Comercio estima en más de $5 billones los servicios que se venden en línea a nivel global.
El modelo ya existe y funciona
Costa Rica es el caso más documentado de la región. Su IVA del 13% se extendió a servicios digitales transfronterizos el 1 de octubre de 2020. El sistema opera por dos vías: la plataforma extranjera se inscribe como contribuyente y cobra el impuesto directamente, o bien el emisor de la tarjeta actúa como agente de percepción. Francisco Villalobos, abogado especialista en impuestos, exdirector general de Tributación de Costa Rica y socio de ICS Consultores, explicó que Netflix ejemplifica el segundo mecanismo: «cuando el cliente de Netflix paga la mensualidad con su tarjeta, la tarjeta cobra el IVA y después se lo paga al Estado». Villalobos señaló además que el gravamen no habría provocado una caída apreciable del consumo.
El resto de la región opera con tasas superiores a la panameña propuesta. Colombia cobra 19% de IVA a servicios prestados desde el exterior; Chile aplica también 19% y desde octubre de 2025 extendió el sistema a ventas remotas de bienes de hasta $500. Argentina grava los servicios digitales del exterior con 21%, México con 16%, Ecuador con 15%, Perú con 18%, Uruguay con 22% y Paraguay con 10%.
El mercado panameño en cifras
Las estimaciones sobre el tamaño del comercio electrónico en Panamá varían según la metodología. ECDB, plataforma alemana especializada en datos de comercio electrónico, calcula unos $1,315 millones en 2025, concentrados en operaciones B2C. Mordor Intelligence, firma con sede en India, estima $2,640 millones en 2025 y $2,850 millones en 2026, al incluir también operaciones B2B. ECDB proyecta un crecimiento de entre 5% y 10% para Panamá en 2026.
La Cepal advirtió en 2021 que una recaudación adecuada del IVA en operaciones transfronterizas requiere exigir a los proveedores no residentes registrarse y pagar el impuesto en el país donde ocurre el consumo, mediante un esquema simplificado. El BID había señalado algo similar en noviembre de 2019: las empresas digitales pueden alcanzar «escala sin masa», generando ingresos en un país sin presencia física.
La lectura de Ágora Capital
El debate panameño no es sobre si gravar o no: es sobre cuánto tiempo más puede un Estado dejar sin tributar un mercado que ya mueve más de $1,300 millones dentro de sus fronteras. Un ITBMS del 7% es la tasa más baja de la región; la comparación con el 19% colombiano o el 22% uruguayo sugiere que Panamá prioriza la competitividad y el consumo privado sobre la recaudación máxima, lo cual es coherente con su modelo de economía abierta.
El riesgo real no es el impuesto en sí, sino la arquitectura de cumplimiento. Si el mecanismo descansa en los emisores de tarjetas como agentes de percepción —tal como funciona en Costa Rica— la carga administrativa recae sobre el sector financiero local, no sobre las plataformas globales. Capital busca reglas claras: lo que erosiona la confianza inversora no es pagar impuestos, sino no saber cuándo ni cómo se aplican.
