La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional habría determinado que el supuesto entramado societario vinculado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero recibió 1,2 millones de euros procedentes de una empresa de capital venezolano con presuntos lazos a Pdvsa, según informó Libertad Digital con acceso al escrito policial.
El origen del dinero
Los fondos provendrían de la empresa Inteligencia Prospectiva, controlada por los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón. Según fuentes conocedoras del caso citadas por Libertad Digital, su padre, Domingo Amaro, ostentaba un cargo de asegurador en la petrolera estatal venezolana Pdvsa. La UDEF habría interceptado conversaciones del hijo homónimo sobre la influencia de la trama con el «ministro Petróleo».
Los investigadores sitúan a Inteligencia Prospectiva como una empresa pantalla: recibió ampliaciones de capital de los propios hermanos sin registrar actividad real. El total de flujos irregulares en torno a esa sociedad ascendería a 2,6 millones de euros, de los cuales 1,2 millones habrían llegado al entorno de Zapatero. Los hermanos Amaro Chacón se encontraban fuera de España cuando estalló el caso y no han podido ser detenidos.
Las transferencias al círculo del expresidente
De ese millón doscientos mil euros, 561.440 euros habrían sido trasladados a What The Fav S.L., empresa de las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa. La UDEF señala que los pagos se justificaban mediante facturas con el concepto genérico de «servicios de agencia» o supuestas labores de «maquetación» de informes geopolíticos.
Otros 368.258 euros en transferencias bancarias directas habrían llegado a Análisis Relevante, empresa de Julio Martínez Martínez, señalado como presunto testaferro principal del expresidente. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) habría declarado ese gasto como fiscal por un importe de 380.208 euros.
La investigación, a cargo del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, habría establecido además que Zapatero cobró más de 3 millones de euros en cuentas personales entre 2020 y 2025, combinando contratos bajo sospecha con otros en los que la UDEF no encontró, por el momento, indicios de irregularidad.
Lectura editorial
El caso ilustra un patrón que el libre mercado conoce bien: cuando el Estado concentra poder de concesión y adjudicación, el dinero busca al funcionario, no al mejor proyecto. Que parte de los fondos investigados provengan de una empresa vinculada —según la UDEF— a la órbita de Pdvsa, el emblema del capitalismo de Estado venezolano, no es un detalle menor: es la lógica de ese modelo exportándose a Europa a través de facturas de «maquetación».
Lo que está en juego no es solo la responsabilidad penal individual. Es la credibilidad de un sistema en el que el dinero del contribuyente y las concesiones públicas deberían asignarse por mérito y competencia, no por influencia política. Capital busca reglas claras; cuando las reglas las escribe quien también cobra, el mercado paga la factura.
