La Fundación Pro Chiriquí lanzó un llamado público a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia para que emita un pronunciamiento definitivo sobre la demanda de nulidad presentada contra la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Puerto Barú.
El comunicado, firmado por la organización comprometida con el desarrollo socioeconómico y la competitividad de la Región Occidental, no cuestiona el derecho de ninguna parte a litigar. Su argumento central es otro: los procesos judiciales vinculados a proyectos estratégicos deben resolverse «dentro de un plazo razonable», porque la demora en sí misma genera un costo económico real.
El proyecto en juego
Puerto Barú es descrito por la Fundación como una de las iniciativas de infraestructura más relevantes para el occidente panameño. Su alcance potencial abarca las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe-Buglé y, según el comunicado, «todo el país». Los beneficios proyectados incluyen conectividad logística, dinamización del comercio, impulso al turismo y generación de «miles de oportunidades de empleo directo e indirecto».
La incertidumbre jurídica prolongada, advierte la Fundación, no solo perjudica a los promotores del proyecto. Afecta también a comunidades, trabajadores, empresas locales e inversionistas potenciales que evalúan el entorno antes de comprometer capital.
Seguridad jurídica como condición de inversión
El comunicado es explícito: «Panamá necesita reglas claras, certeza jurídica y decisiones oportunas que fortalezcan la confianza en sus instituciones». La Fundación Pro Chiriquí subraya además que desarrollo económico y protección ambiental «no son objetivos excluyentes» y que ambos deben avanzar sustentados en «el cumplimiento de la legislación vigente, el rigor técnico, la transparencia y el Estado de Derecho».
El argumento no es contra el control judicial, sino contra su dilación indefinida. Hay una diferencia entre revisión y parálisis.
Lectura editorial
Este comunicado ilustra una tensión que el capital privado conoce bien: cuando el sistema judicial no resuelve en tiempo razonable, la incertidumbre se convierte en un impuesto invisible sobre la inversión. No importa cuántos estudios técnicos se aprueben ni cuántas ventanillas se abran si un proceso contencioso puede suspender indefinidamente un proyecto de escala regional.
La Región Occidental de Panamá tiene, según la propia Fundación, potencial para consolidarse como polo logístico, agroindustrial y turístico. Ese potencial no se activa con declaraciones: requiere instituciones que decidan, no solo que deliberen. El mercado ya votó con la espera; ahora le toca al Órgano Judicial responder con un fallo.
