Los números primero: mil millones de dólares es el piso de inversión que exige el proyecto de Súper RIGI, el régimen de incentivos fiscales que el oficialismo intenta destrabar este miércoles en el Senado. La iniciativa, aprobada en Diputados el 25 de junio, lleva ya dos meses de discusión en comisiones de la Cámara alta.
Patricia Bullrich, jefa de la bancada de La Libertad Avanza, busca firmar el dictamen a las 13 horas para llevar el texto al recinto la semana próxima. El acuerdo con los bloques aliados está casi cerrado, pero tiene un costo: al menos dos modificaciones respecto de la versión que salió de Diputados.
Los cambios incluyen incorporar los bienes transables al cupo de 20% de producción nacional exigido a las inversiones, y obligar a los proyectos de alto consumo energético a garantizar generación propia. Ninguno de los dos altera el espíritu del régimen, pero sí su letra, y eso tiene una consecuencia concreta: el proyecto no podrá convertirse en ley esta semana. Deberá volver a Diputados en segunda revisión, justo cuando la oposición libra una pulseada dura por el endeudamiento financiero y en dos semanas ingresa el Presupuesto Nacional.
«No tenemos una mayoría propia por lo que tenemos que acordar cambios con los bloques aliados para conseguir los votos», admitió Bullrich a LA NACION. Es la aritmética cruda de un oficialismo que gobierna sin números propios en el Senado.
El mismo miércoles, a las 11, otro plenario tratará el RIIR, régimen de incentivos para inversiones relevantes por debajo de los 100 millones de dólares, impulsado por el radical Eduardo Vischi. Bullrich respalda el proyecto tanto por afinidad ideológica como por retener a la UCR como aliado.
El resto de la agenda oficialista navega en terreno más incierto. El proyecto de biocombustibles que impulsa la propia Bullrich, con aval de YPF, enfrentó el rechazo de radicales de Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires, y hasta del oficialista Juan Cruz Godoy. La senadora postergó la firma del dictamen para el jueves, en un intento de recalcular el costo político. El proyecto de sociedades quedó en el limbo, y las reformas a la carta orgánica del BCRA y de Inocencia Fiscal II, ya aprobadas por Diputados, esperan que la vicepresidenta Victoria Villarruel autorice su giro a comisiones.
Capital busca reglas claras, y el Súper RIGI nació justamente para ofrecerlas a inversiones de gran escala. Pero el trámite legislativo muestra el límite estructural del esquema: sin mayoría propia, cada ley de peso exige ceder terreno a los aliados, y cada cesión suma una vuelta más al circuito parlamentario. Para un régimen diseñado a atraer capital de largo plazo, la demora y la incertidumbre sobre el texto final no son un detalle menor.
El mercado ya votó a favor de la desregulación y los incentivos a la inversión que impulsa la Casa Rosada; lo que todavía no vota es la Cámara alta, donde la negociación política puede diluir, artículo por artículo, la promesa original de reglas estables para quien apuesta mil millones de dólares en la Argentina.
