Los números primero. El presidente Donald Trump anunció el viernes que Estados Unidos obtuvo el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de petróleo de Venezuela, a través de una asociación con empresa privada. Trump ofreció pocos detalles adicionales sobre la estructura del acuerdo.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó el pacto de «histórico» en un discurso nocturno transmitido por VTV, la televisora estatal. Según Rodríguez, el proyecto bilateral regirá durante 25 años y contempla el desarrollo de 17 yacimientos petroleros estratégicos, con una meta de producción de más de 1,5 millones de barriles diarios (bpd).
Esa cifra representa un salto significativo frente a los aproximadamente 1,25 millones de bpd que produce hoy el país, tras años de subinversión, mala gestión y sanciones, a pesar de que Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo. Rodríguez precisó que la meta de 1,5 millones de bpd es solo un objetivo inicial: el plan más amplio incluye además ocho bloques petroleros greenfield como parte de una expansión mayor del sector energético.
En términos de flujo de caja para el Estado venezolano, Rodríguez estimó que el acuerdo podría generar unos 209.000 millones de dólares en ingresos, tomando como referencia un precio del barril de 65 dólares, aunque reconoció que el crudo puede fluctuar. De cada barril producido y vendido bajo este esquema, unos 19 dólares fluirían directamente a las arcas venezolanas.
Rodríguez insistió en que el país conserva «la propiedad y la soberanía» sobre sus recursos naturales, mientras «aprovecha capital, tecnología y experiencia operativa» para reactivar una industria golpeada por las sanciones. El sábado, grupos progubernamentales se manifestaron en Caracas contra la presencia estadounidense, en contraste con el tono celebratorio del discurso oficial.
Funcionarios venezolanos preparan la firma de acuerdos la próxima semana para otorgar nuevos derechos de exploración y producción a varias compañías, incluidas firmas estadounidenses. Dos fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que Chevron figura entre las empresas que ultiman la transición de sus empresas conjuntas en Venezuela hacia el nuevo marco energético.
El mercado ya votó con los hechos: cuando el capital y la tecnología extranjera regresan a un yacimiento sancionado durante años, la producción responde antes que cualquier discurso ideológico. Que sea el propio gobierno de Caracas —heredero de décadas de estatismo petrolero— el que hoy reclame «capital, tecnología y experiencia operativa» de empresas privadas estadounidenses confirma, sin necesidad de subrayarlo, qué modelo genera riqueza y cuál solo administra escasez.
Para Washington, el resultado es doble: una fuente adicional de crudo que puede aliviar precios en el surtidor doméstico y un punto de apoyo estratégico en un país que durante años cerró sus puertas a la inversión extranjera. Queda por verse si las «reglas claras» que exige todo capital sobreviven a un régimen que hasta ayer trataba la propiedad privada como enemigo.
