El gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, denunció este fin de semana que dos comerciantes fueron secuestrados en zona rural del municipio de San Vicente del Caguán luego de que integrantes de las disidencias, bajo el mando de un hombre conocido como alias Juan Carlos, revisaran sus teléfonos celulares durante una reunión forzada.
Según Ruiz, la reunión fue convocada por alias Juan Carlos y reunió a entre 25 y 30 personas del sector comercial en las cercanías de Villalobos. Durante el encuentro, los asistentes fueron sometidos a presiones económicas y a la revisión de sus dispositivos móviles. Dos de ellos fueron retenidos de inmediato: a uno le encontraron un sticker relacionado con el dirigente político Abelardo De La Espriella y al otro, publicidad del mismo en su celular.
«Los citaron, los extorsionaron y después les revisaron los celulares a las personas que asistieron. Allí encontraron que dos de estas personas tenían información relacionada con Abelardo De La Espriella», afirmó el mandatario. Al cierre de la denuncia, el paradero de ambas personas seguía sin conocerse.
El gobernador advirtió que estos hechos no son aislados. Desde hace varios meses se vienen celebrando reuniones similares con ganaderos, comerciantes y otros sectores económicos del departamento. En todas ellas, según Ruiz, se revisan los teléfonos de los asistentes y se sanciona a quienes tengan contacto con él o hayan publicado contenido relacionado con De La Espriella en redes sociales.
Las extorsiones documentadas por la Gobernación implican cobros que, según la información recibida por Ruiz, «pueden estar entre los 100 y los 200 millones de pesos». El mandatario explicó que el miedo a represalias lleva a muchas víctimas a pagar esas sumas o a someterse a trabajos forzados antes que acudir a las autoridades.
Ruiz también vinculó estas presiones con lo que denominó «voto fusil». Señaló que, tras un resultado favorable para un candidato en primera vuelta, el departamento registró un cambio en segunda vuelta «por una diferencia de aproximadamente 400 votos», que atribuyó a la intimidación armada en zonas rurales.
El gobernador anunció una reunión con el ministro de Defensa para poner en su conocimiento los hechos y solicitar acciones concretas. «Lo urgente es establecer qué ocurrió con estas dos personas y garantizar la seguridad de la población», concluyó.
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Lo que ocurre en San Vicente del Caguán es la radiografía más cruda del Estado ausente: grupos armados que convocan, extorsionan, revisan celulares y secuestran con total impunidad en plena zona rural colombiana. El libre ejercicio del comercio, la libertad de expresión y el derecho al voto —tres pilares de cualquier economía de mercado funcional— son aplastados por estructuras ilegales que operan como gobierno paralelo.
Mientras el aparato estatal no garantice seguridad real en territorios como el Caquetá, el capital privado seguirá huyendo, la inversión productiva se contraerá y los ciudadanos pagarán el costo más alto: su libertad. El caso exige respuesta inmediata del Ministerio de Defensa, no solo una reunión.
