La Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y activó un proceso de devolución que involucra unos US$168.000 millones correspondientes a más de 330.000 importadores, según cifras citadas por CNN. Al 31 de julio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) había enviado aproximadamente US$100.000 millones.
El mecanismo opera a través del sistema de Entorno Comercial Automatizado (ACE) y su herramienta complementaria CAPE. Los pagos se depositan en las cuentas bancarias de los importadores registrados o sus agentes de aduanas. Una vez aprobada la documentación, el desembolso electrónico puede demorar entre 60 y 90 días. Los montos incluyen intereses calculados desde la fecha del pago original.
El problema estructural es claro: los consumidores no figuran en ninguna declaración aduanera. Aunque absorbieron el costo de los aranceles mediante precios más altos, la devolución oficial corresponde exclusivamente a quien realizó la importación. Según Kyle Peacock, director de Peacock Tariff Consulting, un hogar estadounidense promedio habría enfrentado unos US$1.700 adicionales durante 2025 y 2026 por efecto de los aranceles. Sin embargo, solo entre el 15% y el 20% de ese monto podría retornar al consumidor vía rebajas o devoluciones.
Las grandes corporaciones ya contabilizan los reembolsos. Walmart informó US$2.900 millones, Apple US$2.200 millones, Ford US$1.300 millones, Target US$994 millones, Home Depot US$730 millones, Nike US$684 millones y Amazon US$640 millones. Walmart y Target vincularon parte de sus planes de reducción de precios a esos recursos. Home Depot, en cambio, señaló que los destinaría a cubrir costos acumulados, incluidos mayores gastos de energía.
Brett Ryan, economista senior para EE.UU. de Deutsche Bank, lo resumió con precisión ante CNN: «Las ventas de Walmart son enormes en comparación con los US$3.000 millones en reembolsos de aranceles. Saben que el cliente no tiene idea de si realmente están trasladando el costo o no».
La normativa también contempla un mecanismo de compensación: si una compañía mantiene obligaciones pendientes con el gobierno federal, la CBP puede aplicar el reembolso para saldar esas deudas antes de transferir el saldo restante.
La lectura de Ágora Capital. Este episodio ilustra una verdad incómoda sobre la política arancelaria como instrumento de ingeniería económica: el Estado recauda con precisión quirúrgica, pero redistribuye con torpeza burocrática. El dinero que salió del bolsillo del consumidor final regresa al circuito empresarial sin garantía de llegar a su origen. No hay mecanismo de mercado que corrija eso; hay discrecionalidad corporativa. La lección no es que las empresas sean villanas —cada una optimiza sus costos y márgenes como debe hacerlo—, sino que cuando el aparato estatal distorsiona precios mediante aranceles, el daño difuso al consumidor es casi imposible de revertir de forma ordenada. Capital busca reglas claras y estables; lo que este proceso deja en evidencia es exactamente lo contrario.
