Los números primero. El mundo exporta en promedio 3.250 dólares por habitante; Colombia se queda en 950, según Gustavo Ibarra, socio presidente de Araújo Ibarra. "Veníamos mal y estamos peor", advierte. Su dato más duro: el país no ha atraído "ningún negocio nuevo en 35 años de más de mil millones de dólares al año".
El diagnóstico llega justo cuando el nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella empieza a mover piezas en cuatro frentes de comercio exterior: Israel, Estados Unidos, China y Venezuela.
El primer movimiento ya es un hecho. La administración oficializó, mediante decreto, la reactivación de las exportaciones de carbón a Israel, revirtiendo la suspensión que había ordenado el Gobierno de Gustavo Petro. José Francisco Mafla, socio de Brigard Urrutia, ya había anticipado el desenlace: derogar el decreto "despejaría los procesos ante el Consejo de Estado por sustracción de materia y reabriría el mercado carbonero israelí". El fallo pendiente en el alto tribunal queda, por ahora, sin materia sobre la que pronunciarse.
El frente con Washington es más delicado. Poco antes de dejar el cargo, Petro vio cómo la Casa Blanca subía al 12,5% los aranceles a varios productos colombianos —el sector floricultor entre los más golpeados— por la falta de mecanismos contra el trabajo forzoso en las cadenas de suministro. Juan David López, socio de Baker McKenzie, señala que Estados Unidos ya no espera declaraciones sino "resultados demostrables en materia de trazabilidad, debida diligencia y control", con Perú como referencia regional. Mafla añade que existen investigaciones abiertas bajo la Sección 301 que podrían derivar en medidas adicionales.
La contraparte de ese riesgo es la oportunidad: Colombia y Estados Unidos estudian un acuerdo comercial recíproco —similar al firmado con Argentina, El Salvador y Guatemala— para que entre el 90% y el 93% de los productos colombianos ingresen al mercado estadounidense sin aranceles.
Con China, el nudo es la Ruta de la Seda, iniciativa a la que Colombia se sumó bajo Petro. El embajador nominado de Estados Unidos, Nate Morris, dijo ante el Senado que el Gobierno colombiano habría manifestado su intención de retirarse. López precisa que la adhesión no es un tratado ni genera obligaciones automáticas, pero sí compromisos de infraestructura e inversión que ahora deberán encajar sin friccionar la relación con Washington.
El mercado ya votó sobre lo que exige: reglas claras. Ibarra trabaja con gremios jurídicos en una propuesta para el nuevo Gobierno orientada a un "upgrade" de la legislación colombiana, porque, en sus palabras, "hoy no tenemos el concepto de competitividad legal".
Capital busca reglas claras, y durante ocho años Colombia ofreció lo contrario: hostilidad regulatoria hacia el carbón, alineamiento geopolítico con Pekín y una política exterior que terminó costándole aranceles en su principal socio comercial. El giro hacia Israel y Estados Unidos no es solo diplomático: es la señal que el capital privado necesitaba para volver a mirar al país. La pregunta que queda abierta es si bastará para revertir tres décadas y media sin un negocio grande, o si el rezago de productividad y riesgo país seguirá pesando más que cualquier decreto.
