El Centro de Justicia de Santiago fue escenario este lunes de una audiencia de formalización en ausencia —con fines de extradición— contra dos ciudadanos venezolanos detenidos en Estados Unidos. La Fiscalía Metropolitana Sur los imputó por asociación ilícita para el lavado de activos y lavado de activos, en el marco de la llamada operación Tokio.
La investigación destapó una red de extorsiones operada por una célula del Tren de Aragua en fiestas y locales nocturnos de Chile. El nombre de la operación es un guiño a la discoteca que el grupo criminal mantenía en la cárcel de Tocorón, el penal venezolano que la organización controló y desde el que inició su expansión continental.
Uno de los detenidos en Norteamérica es Marcos de Jesús Reyes Acosta, accionista y único dueño de Bexgroup, identificada por la Fiscalía como una de las empresas de fachada utilizadas para blanquear los fondos ilícitos.
Los números son elocuentes: la célula logró sacar del país cerca de 78.000 millones de pesos. Ese flujo llegaba a Carlos Francisco Gómez Moreno, alias Carlos Bobby, quien lideró la organización en Chile y permanece recluido en Colombia.
En junio, la Fiscalía ya había formalizado a 17 integrantes del grupo; 14 quedaron en prisión preventiva.
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La operación Tokio expone con claridad el costo real que el crimen organizado transnacional impone sobre la economía formal. Empresas de fachada, flujos opacos y una estructura corporativa montada sobre la extorsión: el aparato criminal replica, con fines delictivos, las mismas herramientas que el libre mercado ofrece a quienes crean valor legítimo.
La cooperación entre la justicia chilena y las autoridades estadounidenses es, en este caso, el contrapeso necesario. Capital ilícito busca jurisdicciones débiles; reglas claras y extradición efectiva son la respuesta. El mercado formal —y los contribuyentes que lo sostienen— no puede competir en igualdad de condiciones mientras el Estado no garantice que el dinero sucio encuentre un muro, no una puerta giratoria.
