El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lanzó este lunes un diagnóstico sin anestesia: México necesita elevar su inversión al 25 % del PIB para retomar el crecimiento, y el motor principal debe ser el capital privado nacional, no el gasto público.
José Medina Mora, presidente del CCE —organismo que representa el 80 % del PIB mexicano— lo dijo en el foro Inversión en Infraestructura como Detonador de Crecimiento: Oportunidades del Plan México: «La más importante es la inversión privada nacional». La inversión pública suma, reconoció, pero no lidera.
La hoja de ruta que planteó el CCE es escalonada: primero alcanzar el 25 % del PIB, luego el 28 % y finalmente el 30 %, en línea con la aspiración oficial de que México escale del puesto trece al décimo lugar entre las economías del mundo.
Los números del Plan México
El plan gubernamental contempla inversiones por 5,6 billones de pesos —unos 329.412 millones de dólares— hasta 2030, más un fondo de infraestructura por 722.000 millones de pesos —cerca de 42.471 millones de dólares— solo en 2025. Cifras ambiciosas sobre el papel.
Para que ese capital fluya, el CCE enumeró condiciones no negociables: proyectos técnicamente sólidos y financieramente viables, certeza jurídica y regulatoria, distribución adecuada de riesgos y financiamiento de largo plazo. Sin esas condiciones, el dinero no aparece. El mercado ya votó.
Burocracia como freno de inversión
Medina Mora reveló que durante el primer trimestre el empresariado identificó dependencias que no resolvían solicitudes, trámites prolongados y fiscalizaciones del SAT que mantenían inversiones paralizadas. El aparato estatal, en su versión más clásica, actuando como obstáculo.
Tras exponer esos obstáculos al gobierno de Claudia Sheinbaum, la respuesta incluyó cuatro decretos y la creación de un consejo de inversión encabezado por la propia presidenta, con reuniones semanales. Desde el 4 de mayo, según Medina Mora, se han desbloqueado proyectos por unos 3.500 millones de dólares. Un avance, aunque modesto frente a la escala del reto.
También se fijaron nuevos plazos para la Cofepris: menos de 30 días para proyectos en polos de desarrollo o sectores estratégicos, y afirmativa ficta si no hay respuesta en 90 días en otros casos.
La advertencia fiscal que el gobierno no puede ignorar
El mensaje más duro llegó al final: el CCE pidió que el paquete presupuestal de septiembre recorte gastos superfluos, evite proyectos improductivos y priorice el crecimiento. La advertencia fue explícita —un aumento continuo del endeudamiento podría poner en riesgo la calificación de la deuda soberana de México.
Sobre el T-MEC, Medina Mora fue categórico: el sector privado prefiere esperar antes que cerrar «un mal arreglo pronto».
Lectura editorial
El CCE acaba de hacer lo que el gobierno debería hacer solo: señalar que el dinero de los contribuyentes no puede sustituir al capital privado, y que la burocracia tiene un costo medible en dólares detenidos. Tres mil quinientos millones desbloqueados en meses prueban que cuando el Estado deja de estorbar, la inversión encuentra el camino.
El riesgo real está en el presupuesto de septiembre. Si Sheinbaum cede a la tentación del gasto y el endeudamiento, la calificación soberana pagará la factura —y con ella, el costo de financiamiento de toda la economía. Capital busca reglas claras, no promesas de billones que el fisco no puede sostener.
