El primer ministro Mark Carney anunció el lunes 25 de agosto de 2026 una batería de aranceles de represalia contra Estados Unidos, en respuesta directa a las medidas que el presidente Donald Trump impuso el fin de semana anterior sobre productos canadienses.
La medida más visible: los aranceles de represalia ya existentes sobre el acero y el aluminio estadounidenses se duplicarán hasta 50%. Además, se aplicarán nuevos aranceles del 50% a muebles, ropa y prendas de vestir, consolas de videojuegos, teléfonos inteligentes y otros productos electrónicos fabricados en Estados Unidos.
Otros bienes —electrodomésticos, queso, pescado, mariscos y ciertos derivados del acero y el aluminio— quedarán sujetos a aranceles del 25%, mientras que maquinaria, herramientas industriales y equipos agrícolas enfrentarán un gravamen del 15%.
En conjunto, las medidas afectarán importaciones estadounidenses por un valor anual de unos 20,000 millones de dólares, cifra que el gobierno de Ottawa describe como equivalente al valor de los aranceles que Trump impuso el sábado. Eso representa cerca del 6% de los bienes que Canadá importó desde Estados Unidos en 2025. La entrada en vigor está prevista para el martes 8 de septiembre de 2026.
El giro es significativo. Hace un año, Carney había eliminado muchos de los aranceles de represalia canadienses para mejorar el clima negociador y había realizado concesiones adicionales, especialmente en materia de políticas digitales. Las negociaciones fracasaron el viernes 21 de agosto. Según el comunicado oficial, «Estados Unidos propuso nuevas condiciones que no favorecían los intereses de Canadá; básicamente, exigían demasiado a Canadá y ofrecían muy poco a cambio». Carney declaró haber concluido que los funcionarios estadounidenses buscaban destruir industrias canadienses clave como el acero, el aluminio y la fabricación de automóviles.
Funcionarios gubernamentales precisaron que el objetivo de los aranceles no es recaudar ingresos, sino respaldar la cuota de mercado de las empresas canadienses perjudicadas. Para acompañar la medida, el gobierno presentó un paquete de apoyo empresarial de 7,500 millones de dólares canadienses (unos 5,400 millones de dólares estadounidenses), que incluye liquidez para pequeñas y medianas empresas, subvenciones para proyectos afectados y mayor flexibilidad en los programas de seguro de empleo.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, la escalada confirma un patrón que el libre mercado conoce bien: cuando los gobiernos sustituyen el comercio voluntario por la aritmética de represalias, el costo lo absorben los consumidores y las cadenas de suministro, no los burócratas que firman los decretos. El paquete de 7,500 millones de dólares canadienses en subsidios es, en última instancia, gasto público que recaerá sobre el contribuyente canadiense. Capital busca reglas claras; lo que encuentra aquí es incertidumbre institucionalizada y un horizonte de inversión que se estrecha en ambos lados de la frontera.
