Vicente Brito, expresidente de Fedecámaras entre 2000 y 2001, calificó de «muy positivo» el acuerdo petrolero anunciado por los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. El pacto multianual garantiza precio preferencial e inversión en la industria petrolera venezolana, según recoge El Nacional.
Brito enumeró tres razones para sostener su posición. Los números primero.
La primera: el acuerdo permite recuperar campos maduros con alto grado de deterioro. Décadas de gestión estatal dejaron esa infraestructura en ruinas, según el dirigente empresarial.
La segunda: asegura un cliente de largo plazo. Estados Unidos se convierte en mercado garantizado para el crudo venezolano. Cada vez más países descubren yacimientos propios. La competencia por compradores crece en ese escenario.
La tercera: la inversión extranjera tendrá impacto positivo en las regiones petroleras. Brito sostiene que la inversión privada es la única vía para levantar una industria que la estatización liderada por Hugo Chávez dejó deteriorada.
La oposición venezolana cuestiona el acuerdo por falta de transparencia, de acuerdo con lo reportado. Brito respondió a esas críticas. Defendió el derecho de los inversores a recuperar su capital. Rechazó, además, que Caracas esté despojándose de sus recursos naturales con este pacto.
El expresidente de Fedecámaras no ofreció cifras del acuerdo ni detalles del monto de inversión comprometido. Su defensa se centra en el principio, no en el número: capital privado donde el Estado fracasó.
El mercado ya votó con la lógica que describe Brito: campos maduros sin inversión no producen. La opacidad que denuncia la oposición es un reclamo legítimo sobre cualquier contrato público. Pero conviene no confundir ese reclamo con el argumento de fondo.
Cuando una industria estatizada queda en ruinas, la discusión relevante no es si el capital extranjero «se lleva» recursos. Es si existe alguna alternativa real para reactivar esos campos sin ese capital. Brito responde que no la hay, y la historia reciente de la industria petrolera venezolana le da la razón: la producción se hundió bajo control estatal, no bajo inversión privada.
Capital busca reglas claras, no relatos. Si el acuerdo entrega precio preferencial a Washington y certidumbre a los inversores, el país recibe a cambio la posibilidad de que los campos vuelvan a producir. Esa ecuación, más allá del debate político, es la que finalmente decide si una industria petrolera revive o sigue deteriorándose.
