El fiscal general de California, Bonta, abandonó las negociaciones con Paramount y Warner Bros. Discovery el lunes pasado, justo cuando las partes parecían acercarse a un entendimiento sobre la fusión entre ambas compañías. La decisión sacudió a Hollywood y reavivó el debate sobre el costo real del activismo antimonopolio estatal.
La excusa oficial: que Paramount habría filtrado detalles de conversaciones previas. Bonta no precisó qué información fue divulgada ni cómo afectó al proceso. Lo que sí resulta llamativo es que una empresa que cotiza en bolsa informe a sus inversores sobre el estado de una disputa legal con el Estado —algo que la ley, en muchos casos, exige.
Los mercados respondieron con claridad. Las acciones de Paramount en el NASDAQ subieron 1,45% el lunes, y las de Warner Bros. Discovery avanzaron 0,53%. El mensaje del mercado no es que los inversores rechacen la fusión: es que consideran el caso de Bonta débil y de corto alcance.
Paramount ya advirtió que podría abandonar California si el fiscal no llega a un acuerdo. La amenaza es creíble. El estado lleva años encareciendo la operación de la industria del entretenimiento sin ofrecer incentivos fiscales competitivos frente a otros estados. La producción audiovisual ha migrado de forma sostenida hacia Georgia, Texas y otros mercados con reglas más predecibles.
Un informe del condado de Los Ángeles estimó que la fusión podría costar 4.500 empleos en televisión y cine. Pero ese análisis omitió calcular cuántos puestos se perderían si la fusión no prospera, y cuántos más desaparecerían si Paramount simplemente traslada sus operaciones. Según la misma fuente, esa cifra podría ubicarse en decenas de miles.
El antecedente de Spirit Airlines es ilustrativo. Bonta se sumó a otros fiscales demócratas y al Departamento de Justicia de Biden para bloquear la fusión Spirit-JetBlue, argumentando daño a la competencia. Los tribunales les dieron la razón. Resultado: Spirit quebró, desapareció una aerolínea de bajo costo y los consumidores perdieron una alternativa más barata frente a las grandes líneas aéreas.
El patrón se repite: el aparato estatal interviene en nombre del consumidor, bloquea transacciones privadas y termina generando exactamente el daño que decía querer evitar.
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Desde la perspectiva de Ágora Capital, el caso Bonta-Paramount ilustra con precisión el costo de convertir la política antimonopolio en herramienta electoral. El fiscal no defiende al consumidor californiano; lo usa como argumento mientras aleja capital, producción y empleo del estado. Capital busca reglas claras, y California lleva años ofreciendo lo contrario: regulación creciente, incentivos insuficientes y fiscales dispuestos a romper negociaciones por razones que no explican.
Cuando el mercado sube ante la salida del regulador de la mesa, el mensaje es inequívoco: el mayor riesgo para los empleos de Hollywood no es la fusión. Es la burocracia que la bloquea.
