Un ciudadano denunció el presunto robo de bolsas de carne y pollo en el Hospital Universitario de Caracas (HUC), alimentos que, según explicó, estaban destinados al personal que labora en la institución sanitaria.
La denuncia quedó registrada en un video grabado desde el exterior del centro de salud. En la grabación, el denunciante encara a varios hombres que trasladaban bolsas negras con la proteína y les pregunta hacia dónde la llevaban. Los sujetos respondieron que el cargamento se dirigía «hacia el sótano» del edificio.
Durante el intercambio se acercó un hombre al que otros saludan como «comisario». El denunciante lo confrontó al señalar que tenía conocimiento de las irregularidades con el alimento que debería recibir el personal sanitario. El hombre se defendió pidiendo respeto y ordenó a quienes cargaban la mercancía que ignoraran los reclamos y continuaran su camino.
«Esta es la gente que le quita el sustento a los trabajadores. Cuando los trabajadores vienen a buscar su comida, no hay, porque dan un día nada más para que las retiren. ¿Y por qué dan un solo día? Para jugar a esto», expresó el denunciante, según recogió el video difundido por El Nacional y La Patilla.
El ciudadano advirtió que llevaría el caso ante la Fiscalía y el Ministerio Público. «Esto va para la Fiscalía. Esto va para el Ministerio Público. Y que lo conozcan todos los trabajadores. Vamos a desatar aquí en el hospital la justicia que corresponde y, a partir del lunes, vamos a ejercer las acciones correspondientes», afirmó.
Los números primero: una ventana de un solo día para retirar un beneficio pactado como parte del sustento laboral no es un detalle administrativo, es la variable que explica por qué la proteína termina en un sótano y no en la mesa del trabajador. Cuando el control sobre un recurso básico —comida, en este caso— queda en manos de una cadena de custodia sin transparencia ni rendición de cuentas pública, el resultado previsible es fuga y desvío, no eficiencia.
El caso del HUC ilustra un patrón conocido en instituciones sanitarias operadas bajo control estatal centralizado: la ausencia de mecanismos de mercado o de auditoría independiente convierte cualquier insumo escaso en objeto de captura por quienes gestionan su distribución. El trabajador, que debería tener derecho claro y verificable sobre su salario en especie, queda a merced de la discrecionalidad de un intermediario. Ese es, en el fondo, el costo de sistemas donde la propiedad sobre lo que a uno le corresponde nunca está garantizada por reglas claras ni por un control externo real.
