El gobierno boliviano lanzó el lunes el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo – Fase II, financiado con 92,7 millones de dólares del banco de fomento Fonplata. El presidente Rodrigo Paz presentó el plan en La Paz junto a sus ministros Fernando Aramayo, de la Presidencia, y Oscar Mario Justiniano, de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua.
Según Aramayo, el programa apunta a generar «alrededor de 18.000 empleos directos y 55.000 empleos indirectos», además de intervenir «aproximadamente 1,2 millones de metros cuadrados» de carreteras urbanas y rurales. Los recursos se canalizarán a través de alcaldías y gobiernos autónomos indígenas, con prioridad en el «enlosetado» de calles y accesos a centros de salud, escuelas y plazas.
Cada municipio podrá postular proyectos con un financiamiento límite de hasta 3 millones de bolivianos —unos 260.800 dólares— por iniciativa. El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) recibirá las postulaciones hasta el 14 de septiembre. La ejecución dará prioridad a mujeres y jóvenes, según las autoridades.
Fonplata es un banco de fomento integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay que opera mediante créditos y recursos no reembolsables al sector público.
El contexto que rodea el anuncio es severo. Aramayo reconoció que los conflictos sociales de mayo y junio, que mantuvieron paralizado el país por más de 50 días, destruyeron unos «250.000 empleos directos e indirectos» y generaron «una afectación económica de cerca de 2.100 millones de dólares». El plan de emergencia, en otras palabras, busca recuperar con 92,7 millones lo que la parálisis borró con una factura veinte veces mayor.
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Los números cuentan su propia historia. Bolivia sale a buscar deuda externa para financiar baldosas y accesos vecinales, mientras la herida real —2.100 millones de dólares en actividad destruida— permanece sin un diagnóstico público sobre sus causas estructurales. El aparato estatal, a través del FPS, será el árbitro de qué municipio recibe fondos y cuándo: un esquema que concentra el gasto discrecional en manos del gobierno central y deja a la libre empresa fuera del diseño.
Capital busca reglas claras, no programas de emergencia que sustituyen inversión privada con crédito multilateral. Mientras Bolivia no resuelva la inestabilidad que paralizó su economía durante más de 50 días, ningún plan de enlosetado alcanzará para reconstruir la confianza que los mercados y los inversores retiraron.
